Bruselas ha llevado a España ante la Justicia europea por no completar la adaptación de la normativa sobre el IVA de las pequeñas empresas. El retraso mantiene pendiente un sistema que podría simplificar las obligaciones fiscales de miles de autónomos y pymes, aunque su aplicación dentro del territorio nacional no es obligatoria para los Estados miembros.
La controversia tiene dos dimensiones. Por un lado, España debía adaptar antes del 31 de diciembre de 2024 las normas europeas que regulan el régimen especial de las pequeñas empresas. Por otro, el Gobierno todavía no ha decidido implantar una franquicia nacional que permitiría a determinados negocios dejar de repercutir el IVA si no superan el límite de facturación establecido.
La Comisión Europea presentó el 11 de marzo de 2026 un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El procedimiento puede terminar con una condena económica si los jueces confirman el incumplimiento.
Bruselas lleva a España ante el TJUE por el retraso del IVA franquiciado
El origen del conflicto está en la Directiva (UE) 2020/285, aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 18 de febrero de 2020. La norma reformó el régimen especial del IVA para pequeñas empresas con el objetivo de reducir sus cargas administrativas y facilitar su actividad en el mercado comunitario.
Los Estados miembros debían adoptar las disposiciones nacionales necesarias antes del 31 de diciembre de 2024, para que el nuevo marco pudiera aplicarse desde el 1 de enero de 2025.
España no completó la transposición dentro del plazo. La Comisión Europea inició el procedimiento de infracción y, tras los requerimientos correspondientes, decidió acudir al Tribunal de Justicia de la UE en marzo de 2026.
El asunto quedó registrado como Comisión Europea contra Reino de España, C-504/26. En su recurso, la Comisión solicita que se declare el incumplimiento y reclama una suma a tanto alzado de al menos 7 540 000 euros, además de una cantidad diaria calculada en función de la duración de la infracción, conforme a las pretensiones presentadas ante el Tribunal.
Esto no significa que España ya haya sido condenada ni que deba pagar automáticamente esa cantidad. La sanción está pendiente de una decisión judicial y la cuantía definitiva dependerá del procedimiento y de las condiciones que establezca el Tribunal.
El límite de 85 000 euros no obliga a España a eliminar el IVA nacional
Uno de los aspectos que más confusión genera es el alcance de la directiva europea. La normativa contempla una franquicia del IVA para pequeñas empresas, pero distingue entre la aplicación nacional del régimen y su utilización en operaciones transfronterizas.
La diferencia es esencial.
El artículo 284 de la Directiva 2006/112/CE, modificado por la Directiva 2020/285, establece que los Estados miembros pueden conceder una franquicia nacional a los pequeños negocios establecidos en su territorio. El umbral que fije cada país no puede superar los 85 000 euros anuales.
Por tanto, Bruselas no obliga a España a conceder automáticamente esa exención a todos los autónomos que facturen por debajo de esa cifra. La decisión de implantar el régimen nacional corresponde al legislador español.
Lo que sí exige la normativa comunitaria es adaptar las reglas que permiten a las pequeñas empresas acogerse al sistema de franquicia en otros Estados miembros, siempre que cumplan las condiciones previstas.
Esta distinción explica por qué el incumplimiento europeo no equivale a una obligación automática de eliminar el IVA nacional para los autónomos españoles.
Qué es el IVA franquiciado y cómo funcionaría
El denominado IVA franquiciado es un régimen simplificado que permite a determinadas pequeñas empresas y trabajadores autónomos no repercutir el impuesto en sus operaciones cuando cumplen los requisitos y no superan el umbral aplicable.
En los países que lo han implantado, este sistema reduce las obligaciones administrativas de los negocios acogidos.
En términos generales, el funcionamiento sería el siguiente:
- El autónomo que cumpla los requisitos no incluiría el IVA en las facturas sujetas al régimen.
- Dejaría de presentar las declaraciones periódicas ordinarias de IVA correspondientes a esas operaciones.
- No podría deducirse el IVA soportado en las compras y gastos vinculados a la actividad acogida a la franquicia.
- Tendría que respetar los límites de facturación y las obligaciones de información que establezca la normativa.
El aspecto más importante es que no cobrar IVA también significa renunciar a deducirlo. Por eso, la franquicia no tendría el mismo efecto económico para todos los negocios.
Un profesional que presta servicios principalmente a particulares y soporta pocos gastos con IVA podría encontrar ventajas en la simplificación. En cambio, una empresa que compra maquinaria, materiales o mercancías con un volumen elevado de impuesto soportado podría perder capacidad de deducción.
La conveniencia del régimen dependería, por tanto, de la estructura de costes, el tipo de clientes y la actividad de cada autónomo.
La franquicia europea también permitiría operar en otros países
La directiva no se limita a regular las exenciones dentro de cada Estado. También establece un mecanismo para que las pequeñas empresas puedan beneficiarse de la franquicia en otros países de la Unión Europea.
Esta modalidad transfronteriza busca facilitar que un negocio pequeño pueda prestar servicios o vender productos en otros mercados comunitarios sin tener que asumir, en determinados supuestos, las mismas obligaciones de IVA que una empresa de mayor tamaño.
Para utilizarla deben cumplirse las condiciones europeas. Entre ellas figura el límite de 100 000 euros de volumen de negocio anual en el conjunto de la Unión Europea, además del umbral nacional aplicable en el Estado donde se solicite la franquicia.
El sistema también contempla obligaciones de identificación y comunicación entre las administraciones tributarias para controlar que los negocios respetan los límites establecidos.
La franquicia transfronteriza no significa que cualquier autónomo pueda dejar de declarar el IVA en todos los países por el simple hecho de facturar menos de 85 000 euros en España. Es necesario cumplir los requisitos específicos de cada régimen y las obligaciones de comunicación previstas en la directiva.
Hacienda mantiene pendiente la adaptación normativa
La aplicación práctica del régimen requiere cambios legislativos y procedimientos administrativos que permitan identificar a las empresas beneficiarias, controlar sus operaciones y coordinar la información entre los Estados miembros.
La información de origen señala que Hacienda había preparado un proyecto de orden ministerial con los modelos 041 y 350, destinados a gestionar determinadas comunicaciones e identificaciones relacionadas con el régimen transfronterizo.
Ese proyecto habría pasado por un trámite de audiencia e información pública, pero la publicación de un borrador no equivale a su aprobación definitiva ni permite que los autónomos empiecen a aplicar la franquicia nacional.
En consecuencia, mientras no se apruebe y entre en vigor la normativa correspondiente, los trabajadores por cuenta propia deben continuar aplicando el régimen de IVA que les corresponda conforme a la legislación española vigente.
La diferencia entre anunciar una reforma, someterla a consulta y aprobarla definitivamente es relevante: ningún autónomo puede dejar de repercutir el IVA por el mero hecho de que exista un proyecto normativo.
ATA reclama la reforma y otras medidas fiscales para los autónomos
La falta de avances ha provocado nuevas reclamaciones de las organizaciones representativas del colectivo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), presidida por Lorenzo Amor, lleva tiempo defendiendo la implantación del IVA franquiciado y reclama también medidas para reducir las obligaciones administrativas y fiscales de los pequeños negocios.
Entre sus reivindicaciones figuran:
- La aplicación del régimen de IVA franquiciado.
- La ampliación de los límites del sistema de estimación objetiva, conocido como módulos.
- La simplificación de las obligaciones tributarias.
- Una revisión de los gastos deducibles de los autónomos.
- La posibilidad de utilizar criterios objetivos para determinados gastos recurrentes, como teléfono, vehículo y suministros.
ATA considera que el régimen podría reducir el coste administrativo de los pequeños negocios. En marzo de 2026, tras conocerse la decisión de Bruselas de llevar a España ante el TJUE, la organización y otras asociaciones del sector reclamaron al Gobierno que acelerase la adaptación de la normativa.
La franquicia, sin embargo, no resolvería por sí sola todos los problemas fiscales de los autónomos. Su efecto dependería de los límites, las exclusiones y las condiciones que estableciera España si decidiese implantarla.
El PP promete aplicar el IVA franquiciado para quienes facturen menos de 85 000 euros
El retraso también ha entrado en el debate político. El Partido Popular ha incorporado a su programa electoral la implantación de un régimen de franquicia para autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85 000 euros anuales.
La propuesta contempla extender la medida tanto a las operaciones nacionales como a las transfronterizas, de manera que los negocios que cumplan los requisitos puedan acogerse a un sistema simplificado.
La iniciativa se suma a otras propuestas parlamentarias que han reclamado cambios en el tratamiento del IVA para los pequeños negocios, incluidas iniciativas de Junts.
No obstante, una promesa electoral o una iniciativa parlamentaria no modifica por sí sola la legislación tributaria. Para que los autónomos puedan acogerse a una franquicia nacional será necesaria una norma aprobada y en vigor que establezca sus condiciones.
Qué puede pasar ahora con los autónomos españoles
El procedimiento europeo y la decisión política sobre la franquicia nacional son dos cuestiones relacionadas, pero distintas.
España tendrá que defenderse ante el Tribunal de Justicia de la UE por la falta de transposición de la directiva. Si el Tribunal confirma el incumplimiento y concurren los requisitos legales, el Estado podría afrontar una sanción económica.
Por otro lado, el próximo desarrollo normativo determinará cómo se aplica el régimen transfronterizo y si España decide introducir una exención nacional para los pequeños negocios.
Para los autónomos, la cuestión práctica sigue siendo la misma: la franquicia del IVA todavía no está disponible de forma general en España. Hasta que exista una regulación nacional aprobada, no pueden dejar de incluir el impuesto en sus facturas por el simple hecho de facturar menos de 85 000 euros.
El retraso europeo ha abierto un frente judicial y ha devuelto al debate una reivindicación histórica de parte del colectivo. La incógnita es cuándo se completará la adaptación legal y si el Gobierno decidirá aprovechar la posibilidad que ofrece Bruselas para reducir las obligaciones de IVA de los negocios más pequeños.
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