La Junta permitirá destinar a desalación, embalses y abastecimiento parte de los ingresos que pagan los andaluces para financiar infraestructuras hidráulicas. La decisión llega con 678 millones de euros pendientes de ejecución y sanciones europeas que ya superan los 84 millones.
Los andaluces pagan cada mes un canon en su factura del agua con una finalidad clara: financiar infraestructuras hidráulicas y mejorar el saneamiento. Sin embargo, una parte importante de esos recursos continúa sin traducirse en obras ejecutadas y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla quiere ampliar todavía más los destinos a los que puede dirigirse ese dinero.
El proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2027 contempla que, de manera excepcional y hasta 2030, parte de los ingresos del canon de mejora pueda financiar nuevas infraestructuras de regulación y desalación, así como el mantenimiento de presas y embalses. La medida ha sido anunciada por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y se justifica por la necesidad de reforzar el abastecimiento de agua.
La polémica tiene una dimensión económica y medioambiental. Según la fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente a 2024, la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó una desviación acumulada de 678,28 millones de euros en la financiación del canon. Es decir, una cantidad recaudada que no se había traducido en la ejecución de inversiones financiadas con esos ingresos, según el criterio del órgano fiscalizador.
Mientras tanto, España ha abonado 84,77 millones de euros en multas desde 2018 por incumplimientos relacionados con el tratamiento de aguas residuales. El importe podría alcanzar los 100 millones al finalizar la década, según las estimaciones publicadas.
La Junta defiende que las nuevas actuaciones hidráulicas también responden a necesidades estratégicas. Pero la decisión plantea una pregunta difícil de esquivar: ¿por qué ampliar los usos del dinero que pagan los ciudadanos cuando Andalucía todavía arrastra importantes carencias en depuración?
El canon del agua cambiará de destino entre 2027 y 2030
La propuesta del Gobierno andaluz introduce una modificación relevante en el uso de los ingresos del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.
La consejera Carolina España explicó que la utilización de estos recursos para otras actuaciones se plantea de forma excepcional durante el periodo 2027-2030. Entre los destinos previstos figuran:
- Construcción de nuevas infraestructuras de regulación del agua.
- Instalaciones de desalación.
- Conservación y mantenimiento de presas.
- Mantenimiento de embalses y otras infraestructuras esenciales para el abastecimiento.
La medida no supone que todo el dinero recaudado vaya a dejar de financiar obras de saneamiento. Lo que permite es ampliar los usos de una parte de los ingresos para atender otras necesidades hidráulicas consideradas estratégicas.
El anteproyecto establece, además, determinadas condiciones para autorizar esas inversiones. Las actuaciones deberán ser declaradas de interés por el Consejo de Gobierno, estar vinculadas al abastecimiento de agua y no recibir financiación simultánea de otros cánones que provoque una doble tributación.
El argumento de la Junta es que Andalucía necesita reforzar sus recursos hídricos, mejorar la capacidad de almacenamiento y afrontar los problemas de disponibilidad de agua.
La cuestión controvertida es que esas necesidades conviven con una deuda histórica de infraestructuras de saneamiento y depuración que todavía no se ha resuelto.
La Cámara de Cuentas detecta 678 millones sin ejecutar
El dato que más compromete la gestión de estos recursos es el recogido por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024.
El órgano fiscalizador situó en 678,28 millones de euros la desviación acumulada de financiación correspondiente al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés autonómico.
La cifra refleja el desfase entre los ingresos reconocidos y las obligaciones ejecutadas con cargo a esos recursos. No significa necesariamente que el dinero haya desaparecido ni que se haya gastado íntegramente en otros conceptos: indica que la financiación recaudada no se había materializado en inversiones ejecutadas en la misma medida.
El informe permite observar la evolución del desfase:
| Ejercicio | Desviación acumulada |
|---|---|
| 2023 | 812,90 millones de euros |
| 2024 | 678,28 millones de euros |
Durante 2024 se redujo la desviación después de que se ejecutaran gastos por 188,82 millones de euros, según los datos publicados sobre la fiscalización.
La propia Administración andaluza difundió un balance de ingresos y gastos del canon a 31 de diciembre de 2024 que recogía una diferencia de 597,09 millones de euros. Ese documento era preliminar y advertía de que se estaba revisando el cálculo. La cifra de 678,28 millones corresponde al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y es la referencia oficial utilizada para la desviación acumulada.
La Cámara de Cuentas también ha puesto el foco en la necesidad de mejorar el seguimiento contable de los recursos afectados a una finalidad concreta. El control de estos fondos resulta esencial para comprobar si el dinero recaudado termina financiando las actuaciones para las que se estableció el tributo.
Un canon que Moreno Bonilla calificó de «fraude» y después recuperó
La historia del canon añade un componente político a la controversia.
El tributo fue establecido en el marco de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, con el objetivo de financiar infraestructuras hidráulicas. Los usuarios lo pagan a través de la factura del agua y su recaudación constituye un ingreso tributario de la comunidad autónoma.
Cuando Moreno Bonilla estaba en la oposición, criticó duramente el funcionamiento del canon y llegó a calificarlo de «fraude» y «engaño masivo», al denunciar que los ciudadanos pagaban por unas infraestructuras que no se ejecutaban al ritmo previsto.
Ya como presidente de la Junta, su Gobierno decidió derogarlo en 2022. Sin embargo, lo recuperó en 2023 con un incremento de aproximadamente el 30 %, según la información publicada sobre la evolución del tributo.
La recaudación anual pasó a situarse en torno a los 179,4 millones de euros, una cantidad considerable para financiar las obras hidráulicas pendientes.
La contradicción política resulta evidente: el Ejecutivo que denunció el desfase entre lo recaudado y lo invertido ha mantenido el tributo y ahora plantea ampliar sus posibles destinos.
La Junta puede argumentar que las inversiones en abastecimiento también forman parte de la política hidráulica. Pero eso no elimina la obligación de explicar por qué siguen acumulándose cantidades tan elevadas sin ejecutar en infraestructuras necesarias.
Las multas europeas por aguas residuales superan los 84 millones
El problema no es exclusivamente contable. La falta de depuración adecuada ha tenido consecuencias económicas para las administraciones españolas.
Según los datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las sanciones abonadas desde 2018 por incumplimientos relacionados con el tratamiento de aguas residuales alcanzaron 84 772 670 euros.
La cifra incluye responsabilidades de distintas administraciones y territorios. No puede atribuirse íntegramente a la Junta de Andalucía.
Entre los pagos semestrales comunicados figuran:
- Barbate (Cádiz): 1 064 904 euros cada seis meses.
- Matalascañas (Huelva): 744 624 euros cada seis meses.
- Alhaurín el Grande (Málaga): 634 320 euros cada seis meses.
- Valle de Güímar (Tenerife): 687 016 euros cada seis meses.
Los importes corresponden a las sanciones recogidas en la información publicada y no deben confundirse con el coste total de las obras necesarias para solucionar los problemas de depuración.
La responsabilidad también está repartida. En algunos expedientes, la Administración General del Estado asume los pagos; en otros, la Junta de Andalucía tiene atribuida parte de la responsabilidad. La identificación de cada administración depende de las competencias sobre las infraestructuras y de las resoluciones correspondientes.
El Gobierno autonómico debe afrontar, por tanto, una doble exigencia: ejecutar las inversiones pendientes y evitar que los incumplimientos sigan generando costes para las arcas públicas.
Matalascañas y Almonte: una depuradora que sigue bajo presión
Uno de los casos más representativos se encuentra en Matalascañas, en el municipio onubense de Almonte, junto al entorno natural de Doñana.
La instalación existente lleva años arrastrando deficiencias. Según la documentación del Ministerio para la Transición Ecológica, la depuradora ha funcionado con un tratamiento primario que resulta insuficiente para cumplir los parámetros exigidos por la normativa europea.
El problema no es nuevo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018, dictada en el asunto C-205/17, condenó a España por no haber ejecutado completamente una sentencia anterior sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
La resolución estableció una multa a tanto alzado de 12 millones de euros y una sanción coercitiva semestral mientras persistieran los incumplimientos, con un importe sujeto a reducciones conforme se fueran solucionando los problemas en las aglomeraciones afectadas.
Matalascañas figuraba entre las localidades afectadas. Sin embargo, conviene precisar que la responsabilidad por esta instalación y los pagos asociados no corresponde automáticamente a la Junta: la Administración General del Estado ha asumido los importes correspondientes a este expediente.
La nueva depuradora lleva años acumulando retrasos. La previsión publicada en septiembre de 2026 situaba su posible finalización en 2031, lo que evidencia la dimensión del problema y la dificultad de cerrar definitivamente un expediente que arrastra años de incumplimientos.
La situación resulta especialmente delicada por la proximidad de Doñana y la necesidad de proteger un entorno natural de enorme valor ecológico.
La Junta también destinó el canon a reparar daños de los temporales
La ampliación de los destinos previstos para 2027 no es el primer episodio de utilización del canon para actuaciones distintas de las obras de depuración inicialmente previstas.
En febrero de 2026, el Gobierno andaluz aprobó medidas para destinar parte de estos recursos a reparar daños ocasionados por los temporales del invierno.
La decisión se justificó por la necesidad de recuperar infraestructuras hidráulicas dañadas por las lluvias y atender una situación extraordinaria. Sin embargo, colectivos relacionados con la gestión del agua cuestionaron que se recurriera a un fondo que debía contribuir a resolver las carencias de saneamiento.
La polémica se produce en un contexto en el que Andalucía mantiene importantes necesidades de inversión en estaciones depuradoras y redes de saneamiento.
La Junta defiende que las actuaciones hidráulicas pueden responder a distintas necesidades públicas. Los críticos sostienen que ampliar los destinos del canon puede retrasar todavía más la solución de los problemas de depuración.
¿Es legal destinar el canon a otras infraestructuras hidráulicas?
La cuestión jurídica requiere matices. No se puede afirmar que la medida sea ilegal por el simple hecho de que el dinero se destine a actuaciones distintas de una depuradora.
La Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que el canon de mejora autonómico financia infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma. La regulación vigente contempla un ámbito más amplio que la depuración estrictamente considerada.
La Junta utiliza precisamente esa interpretación para justificar la posibilidad de financiar otras actuaciones del ciclo integral del agua, siempre dentro de los requisitos legales y presupuestarios.
La modificación prevista para 2027-2030 incorpora condiciones adicionales sobre el interés público de las obras, su relación con el abastecimiento y la ausencia de financiación simultánea mediante otros cánones.
Por tanto, el debate no debe plantearse como una supuesta ilegalidad ya demostrada, sino como una discusión sobre la prioridad presupuestaria, la transparencia y el cumplimiento de los objetivos que justifican que los ciudadanos paguen este tributo.
Que una actuación pueda encajar legalmente en el concepto de infraestructura hidráulica no significa que sea necesariamente la opción más urgente ni que deba desplazar inversiones de depuración pendientes.
Las críticas de los colectivos del agua y el problema de la transparencia
La Mesa Social del Agua y organizaciones vinculadas a la gestión pública del ciclo urbano del agua han cuestionado el uso de estos recursos para financiar actuaciones distintas de las infraestructuras de saneamiento.
Entre las preocupaciones planteadas figuran el retraso de las obras pendientes, la falta de transparencia sobre el destino de la recaudación y la necesidad de que los ciudadanos puedan conocer qué inversiones se ejecutan con el dinero que pagan en sus recibos.
El problema afecta directamente a la confianza de los usuarios. Cuando una administración cobra un tributo asociado a una finalidad concreta, debe ofrecer información clara sobre la recaudación, los compromisos adquiridos, las obras adjudicadas y los proyectos que realmente han entrado en funcionamiento.
La fiscalización de la Cámara de Cuentas añade una dimensión institucional a esa exigencia. El desfase detectado obliga a explicar por qué los recursos recaudados no se han convertido en inversiones ejecutadas al mismo ritmo.
La transparencia no puede limitarse a publicar cifras globales. Los ciudadanos necesitan conocer qué municipios siguen sin depuradora, qué proyectos están paralizados, cuánto dinero se ha comprometido y qué calendario existe para resolver cada incumplimiento.
Andalucía necesita agua, pero también necesita depurarla
La comunidad autónoma afronta desafíos hidráulicos importantes. La sequía, la irregularidad de las precipitaciones, el crecimiento de la demanda y la presión sobre los recursos disponibles hacen necesarias nuevas infraestructuras de almacenamiento, abastecimiento y desalación.
Pero el saneamiento constituye una parte inseparable de esa política. El ciclo del agua no termina cuando llega a los hogares, las empresas o las explotaciones agrícolas. También exige recoger y tratar correctamente las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural.
La ampliación de los destinos del canon puede ayudar a financiar infraestructuras necesarias, pero no debería convertirse en una excusa para posponer indefinidamente las inversiones de depuración que Andalucía sigue necesitando.
El Gobierno de Moreno Bonilla tiene ahora la obligación de explicar qué parte del canon se destinará a cada finalidad, qué obras de saneamiento quedan pendientes y cuándo estarán terminadas.
Los andaluces no solo necesitan nuevas presas, embalses o desaladoras. También necesitan que el dinero que pagan en sus facturas contribuya a resolver los problemas de contaminación y depuración que llevan años generando sanciones y costes para las administraciones.
La pregunta de fondo es sencilla: si existen cientos de millones pendientes de ejecución y las multas europeas siguen acumulándose, ¿debe la Junta ampliar los destinos del canon antes de garantizar que las infraestructuras de depuración más urgentes estén resueltas?
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