La Audiencia Nacional mantiene abierta una pieza económica para seguir el rastro del dinero relacionado con Leire Díez. La investigación afecta a 81 cuentas en 12 entidades financieras y el juez Santiago Pedraz ha citado como investigados a la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y al abogado Ismael Oliver.
La investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez entra de lleno en el terreno financiero. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza 81 cuentas bancarias repartidas entre 12 entidades para determinar si existieron pagos relacionados con las actividades que se investigan y cuál fue el origen y destino del dinero.
El procedimiento está dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que abrió una pieza separada económica precisamente para permitir a los investigadores analizar información bancaria sensible y reconstruir los movimientos financieros.
Por ahora, se trata de una investigación judicial en curso: las pesquisas deben determinar si esos movimientos constituyen delitos y quiénes serían eventualmente responsables.
La UCO pone el foco sobre 81 cuentas bancarias
Según la información incorporada a las actuaciones y publicada por Libertad Digital, los investigadores están realizando comprobaciones sobre más de 80 cuentas, correspondientes a una docena de entidades financieras.
El objetivo es esclarecer si a través de ese entramado económico se realizaron pagos a Leire Díez o se financiaron actividades relacionadas con los hechos que investiga la Audiencia Nacional.
Una parte especialmente relevante de las cuentas estaría relacionada con el abogado Ismael Oliver, ya sea directamente o mediante sociedades vinculadas a él.
Entre ellas aparecen Oliver Gruppe y Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL.
También figuran en las pesquisas cuentas relacionadas con otros nombres y entidades que aparecen en la investigación, entre ellos el histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo y la publicación Crónica Libre.
La aparición de una persona o entidad en las comprobaciones bancarias no implica por sí sola la comisión de ningún delito.
Pedraz abre una pieza económica para seguir el dinero
La magnitud de la documentación bancaria llevó al juez Santiago Pedraz a separar esta parte de las pesquisas de la causa principal.
La decisión permite que la UCO trabaje específicamente sobre los datos económicos y elabore un informe destinado a reconstruir pagos, transferencias, relaciones societarias y posibles conexiones entre los investigados.
La propia resolución judicial hace referencia a la necesidad de proteger los datos económicos sensibles y evitar su difusión indiscriminada mientras los agentes realizan el análisis.
La clave será determinar quién pagó, cuánto dinero se movió, a través de qué sociedades y a cambio de qué servicios.
Más de 60 cuentas estarían vinculadas a Ismael Oliver
Uno de los elementos que más llama la atención de las pesquisas es el peso que adquiere Ismael Oliver.
De las 81 cuentas sometidas a análisis, más de 60 estarían vinculadas de alguna manera al abogado, según la información publicada sobre la investigación.
Oliver mantuvo además una relación profesional con el PSOE.
De acuerdo con los informes citados, el abogado suscribió una nota de encargo profesional con el Partido Socialista para prestar servicios de asesoramiento jurídico y análisis de litigios entre septiembre de 2024 y enero de 2025.
El acuerdo contemplaba una facturación con un límite máximo de 4 500 euros mensuales.
Ahora los investigadores tratan de determinar si esas relaciones profesionales respondían exclusivamente a servicios jurídicos reales o si alguna operación pudo utilizarse para canalizar fondos con otra finalidad.
El juez cita a la gerente federal del PSOE
La investigación alcanza también a Ana María Fuentes Pacheco, directora gerente federal del PSOE, que deberá declarar como investigada.
Pedraz ha fijado su comparecencia para el próximo 9 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas.
Media hora después, a las 10:30 horas, está prevista la declaración de Ismael Oliver.
Ambos comparecerán en calidad de investigados, una condición procesal que les permite ejercer plenamente su derecho de defensa y que no supone una declaración de culpabilidad.
La UCO investiga dos notas de encargo profesional
Uno de los puntos centrales de las pesquisas afecta precisamente a determinadas notas de encargo profesional.
Un informe de la UCO atribuye a Ana María Fuentes Pacheco un posible papel en la elaboración de dos documentos relacionados con servicios jurídicos.
Uno estaría vinculado al despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL y otro al abogado Jacobo Teijelo Casanova.
La investigación trata de esclarecer si esas notas correspondían a servicios profesionales efectivamente prestados o si, como sospechan los investigadores, pudieron ser simuladas para justificar determinados pagos.
Esta cuestión será fundamental para establecer si existió una estructura financiera destinada a sufragar actividades ajenas a los servicios formalmente contratados.
La figura de Leire Díez, en el centro de las pesquisas
El nombre de Leire Díez se ha convertido en una de las piezas centrales de esta investigación.
Las pesquisas judiciales intentan esclarecer sus contactos, actuaciones y posibles relaciones económicas con personas vinculadas al PSOE y con profesionales relacionados con procedimientos judiciales sensibles.
El foco está puesto en determinar si existió una estructura destinada a obtener información, influir sobre investigaciones o interferir en procedimientos que afectaban a personas vinculadas al partido o al entorno gubernamental, extremo que deberá probarse judicialmente.
Precisamente por ello resulta especialmente importante el análisis bancario.
Si los investigadores consiguen establecer una relación entre determinados pagos y actuaciones concretas, el rastro financiero podría convertirse en una pieza relevante del procedimiento.
Oliver también estuvo vinculado a la defensa de Koldo García
La investigación adquiere otra dimensión por la relación profesional de Ismael Oliver con Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.
Oliver asumió durante una etapa la defensa de García, uno de los principales investigados en el denominado caso Koldo.
Los investigadores analizan ahora si esa relación tuvo alguna conexión con los hechos objeto de esta causa.
No obstante, cualquier hipótesis sobre una eventual estrategia para interferir en procedimientos judiciales deberá ser acreditada mediante pruebas y sometida posteriormente al control de los tribunales.
El PSOE, ante una investigación que entra en su estructura económica
La citación de su gerente federal y el análisis de contratos y pagos relacionados con profesionales que trabajaron para el partido elevan la relevancia política del procedimiento.
La cuestión ya no se limita a las actuaciones individuales atribuidas a Leire Díez.
La UCO intenta determinar cómo se financiaron esas actividades y si existió alguna conexión económica con estructuras o fondos vinculados al PSOE.
Ese es precisamente el punto que puede marcar la evolución de la causa.
Si el análisis bancario no encuentra conexiones relevantes, algunas de las hipótesis podrían perder fuerza. Si, por el contrario, aparecen transferencias vinculadas a actuaciones investigadas, el procedimiento podría ampliarse.
El 9 de septiembre, próxima fecha clave
La siguiente fecha importante será el 9 de septiembre, cuando Ana María Fuentes Pacheco e Ismael Oliver están llamados a declarar ante Pedraz.
Mientras tanto, la UCO continúa examinando las 81 cuentas bancarias incluidas en la pieza económica.
El volumen de información puede resultar determinante para conocer si detrás de las actuaciones atribuidas a Leire Díez existió únicamente una sucesión de contactos personales o una estructura organizada y financiada.
La investigación está abierta y no existe todavía sentencia que permita presentar las sospechas como hechos probados.
Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional ha ordenado seguir el dinero, la UCO analiza decenas de cuentas y dos figuras directamente relacionadas con la estructura económica y jurídica investigada deberán comparecer ante el juez.
El rastro bancario será ahora uno de los elementos decisivos para determinar hasta dónde llega el denominado caso Leire Díez.
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