El cerco judicial sobre el denominado caso Leire Díez continúa estrechándose. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por su presunta relación con las maniobras investigadas para esclarecer las filtraciones de la Unidad Central Operativa (UCO) en causas que afectan al Gobierno.
La decisión supone un nuevo giro en una investigación que mantiene el foco sobre posibles interferencias en el funcionamiento de la principal unidad investigadora de la Guardia Civil.
Fiscalía y acusación popular solicitaron la imputación
La imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por el Partido Popular, solicitaran formalmente al magistrado la citación como investigados de ambos responsables del Instituto Armado.
Sin embargo, el juez ha descartado, por el momento, imputar al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, al considerar que no concurren los mismos indicios.
Las declaraciones de la UCO, clave en la investigación
Uno de los elementos que ha impulsado la decisión judicial fueron las declaraciones prestadas por varios mandos de la Guardia Civil durante la instrucción.
Entre ellos destaca el testimonio del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien aseguró ante el juez que el DAO Manuel Llamas habría transmitido la instrucción de «ponerse de perfil» y evitar una actitud «proactiva» en aquellas investigaciones con una elevada repercusión política.
Estas manifestaciones han sido consideradas relevantes dentro del procedimiento abierto por la Audiencia Nacional.
Marlaska mantiene su confianza
Pese a la decisión judicial, el Ministerio del Interior ha confirmado que mantiene su respaldo tanto a Mercedes González como a Manuel Llamas.
Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que ambos continuarán desempeñando sus funciones con normalidad mientras colaboran con la Justicia en todo lo que les sea requerido.
Por el momento, el Gobierno no contempla ningún relevo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil ni de la Dirección Adjunta Operativa.
Mercedes González negó cualquier participación
Durante su comparecencia el pasado 16 de junio en la comisión de investigación del Senado, Mercedes González rechazó de forma tajante cualquier implicación en las actuaciones atribuidas a Leire Díez.
La directora general aseguró entonces que «jamás, nunca» había participado en ninguna conspiración contra la UCO ni había actuado por influencia de la exmilitante socialista.
Los encuentros con Leire Díez bajo la lupa
Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa recogen que Mercedes González habría mantenido tres reuniones con Leire Díez:
- 30 de septiembre de 2024.
- 20 de diciembre de 2024.
- 2 de abril de 2025.
Según los investigadores, dichos encuentros reflejarían que la directora general conocía parte de las actividades desarrolladas por la denominada «fontanera del PSOE», extremo que ella ha negado públicamente.
La polémica de los mensajes eliminados
Otro de los elementos que analiza la investigación judicial son los mensajes intercambiados entre Mercedes González y Leire Díez.
La UCO sostiene que existen indicios compatibles con la eliminación deliberada de conversaciones y con la activación del borrado automático de mensajes cada 24 horas, precisamente cuando avanzaban las investigaciones relacionadas con las filtraciones de conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, publicadas posteriormente por diversos medios de comunicación.
Los investigadores consideran que estos extremos deberán ser aclarados durante la instrucción.
Una investigación con creciente impacto institucional
La imputación de la máxima responsable política de la Guardia Civil y del máximo mando operativo supone uno de los movimientos judiciales de mayor relevancia dentro del caso Leire Díez.
Mientras el Ejecutivo insiste en mantener su confianza en ambos responsables, la oposición reclama explicaciones políticas y exige depurar responsabilidades si finalmente la investigación acredita cualquier tipo de interferencia en el trabajo de la UCO.
El avance de esta causa vuelve a situar bajo el foco la independencia de las instituciones encargadas de investigar presuntos casos de corrupción, un aspecto esencial para preservar la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y en el normal funcionamiento de la Justicia.
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