El Tribunal Supremo del Estado de Nueva York ha emitido una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación del impuesto sobre segundas viviendas de lujo promovido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Esta medida afecta a inmuebles valorados en más de 5 millones de dólares y a cooperativas o condominios de más de 1 millón de dólares, cuyos propietarios no residen en la ciudad.
El impuesto, diseñado para entrar en vigor el 1 de julio y destinado a recaudar aproximadamente 500 millones de dólares anuales, fue objetado mediante una demanda presentada por varios propietarios que aseguran que algunas viviendas fueron identificadas erróneamente como segundas residencias, cuando en realidad son residencias principales.
El juez Wayne M. Ozzi, del Tribunal Supremo del Estado en Staten Island, concedió la orden el 10 de agosto de 2026, tras evaluar que la implementación del registro fiscal, donde se incluyen nombres, direcciones y valores de casi un millón de propiedades de la ciudad, no se está gestionando correctamente. La demanda no cuestiona la legalidad del gravamen, sino la publicación del registro y las notificaciones enviadas a propietarios no afectados.
La ciudad de Nueva York ha anunciado que apelará la decisión judicial. Por su parte, los demandantes han expresado su satisfacción con el fallo, ya que consideran que protege los derechos de los propietarios confundidos en el proceso.
Desde un contexto internacional, esta decisión resalta los desafíos legales que enfrentan las administraciones locales norteamericanas al implementar impuestos dirigidos a regular el mercado inmobiliario de lujo. Para un lector en España, sirve para ilustrar cómo las políticas fiscales sobre vivienda pueden generar controversias y procesos judiciales en grandes ciudades.
La apelación podría retrasar la implementación definitiva de este impuesto mientras se resuelve el procedimiento legal en instancias superiores.