La Casa Blanca abre la puerta a operaciones cibernéticas ofensivas ejecutadas por compañías estadounidenses contra organizaciones criminales transnacionales. Las empresas actuarán bajo autorización y supervisión federal.
Estados Unidos prepara un cambio profundo en las reglas de su guerra contra el cibercrimen. El presidente Donald Trump ha autorizado la creación de un programa que permitirá a determinadas empresas privadas estadounidenses participar directamente en operaciones ofensivas contra organizaciones criminales extranjeras que operan en el ciberespacio.
La medida rompe con la tradicional cautela estadounidense ante el denominado hack back: ya no se tratará únicamente de defender sistemas o localizar atacantes, sino que las compañías autorizadas podrán participar en acciones destinadas a infiltrar, manipular, interrumpir, degradar o destruir infraestructura informática utilizada por grupos criminales, siempre bajo control del Gobierno federal.
El giro recuerda parcialmente a estrategias atribuidas durante años a Rusia y China, donde actores privados o contratistas han participado en operaciones cibernéticas vinculadas a intereses estatales. Pero existe una diferencia fundamental: el modelo anunciado por Washington establece formalmente autorización, contratos, supervisión gubernamental y garantías económicas. El Departamento de Justicia estadounidense ha documentado, por ejemplo, cómo organismos chinos utilizaron redes de empresas privadas y contratistas para ocultar su participación directa en campañas de espionaje.
Trump cambia la estrategia de Estados Unidos contra el cibercrimen
El presidente estadounidense firmó el 12 de agosto de 2026 un memorando presidencial de seguridad nacional destinado a reforzar la ofensiva contra las denominadas organizaciones criminales transnacionales habilitadas por medios cibernéticos.
El documento establece las bases para incorporar las capacidades tecnológicas del sector privado a operaciones que hasta ahora permanecían fundamentalmente en manos de organismos gubernamentales.
El programa estará dirigido desde el ámbito federal y permitirá seleccionar a empresas privadas previamente examinadas para colaborar en operaciones contra objetivos situados en jurisdicciones extranjeras.
No se trata, por tanto, de conceder a cualquier compañía estadounidense una licencia general para atacar ordenadores fuera del país.
Cada operación permanecerá sometida al control y supervisión de las autoridades estadounidenses.
De defenderse de los hackers a poder atacar su infraestructura
Aquí reside la auténtica revolución de la medida.
Las compañías participantes podrán colaborar en dos grandes categorías de actuaciones: operaciones de vigilancia cibernética y operaciones de efectos cibernéticos.
Las primeras estarán dirigidas a recopilar información sobre organizaciones criminales y su infraestructura.
Las segundas van considerablemente más lejos.
Las operaciones podrán contemplar acciones destinadas a manipular, interrumpir, degradar o destruir sistemas de información utilizados por organizaciones criminales transnacionales extranjeras, dentro de las condiciones establecidas por el programa federal.
En términos prácticos, Estados Unidos pretende aprovechar la experiencia de algunas de sus empresas tecnológicas y de ciberseguridad para pasar de una postura fundamentalmente defensiva a una estrategia más agresiva contra determinadas redes criminales.
Las empresas deberán depositar al menos un millón de dólares
Washington también quiere establecer mecanismos de responsabilidad.
Las empresas que participen deberán cumplir requisitos técnicos y de seguridad y mantener una garantía o depósito de al menos un millón de dólares, diseñado para responder ante posibles incumplimientos de las condiciones establecidas.
La existencia de esta garantía evidencia precisamente la delicadeza del programa.
Un error de atribución en el mundo digital puede tener consecuencias enormes. Un servidor aparentemente utilizado por delincuentes puede pertenecer a una empresa legítima, encontrarse comprometido sin conocimiento de su propietario o compartir infraestructura con terceros completamente ajenos a la actividad criminal.
Por eso, la cuestión ya no es únicamente si Estados Unidos tiene capacidad para golpear a los ciberdelincuentes.
La cuestión es quién asume la responsabilidad cuando una operación ofensiva afecta al objetivo equivocado.
Ransomware, estafas y grandes organizaciones criminales
El objetivo declarado de Washington son las organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas que utilizan Internet para desarrollar grandes operaciones de fraude y otros delitos.
Estados Unidos lleva años sufriendo ataques que pueden provocar pérdidas millonarias a empresas, administraciones y particulares.
El ransomware se ha convertido en una industria criminal internacional. A ello se suman centros de estafas, fraudes financieros, extorsiones digitales y otras operaciones organizadas desde el extranjero.
La estrategia cibernética de la Administración Trump sostiene que los adversarios y delincuentes atacan desde hospitales y bancos hasta empresas, infraestructuras de agua y cadenas de suministro estadounidenses. La Casa Blanca defiende por ello una postura mucho más activa frente a estas amenazas.
El sector privado, convertido en una nueva arma cibernética
La filosofía detrás de la decisión es sencilla: Estados Unidos posee algunas de las empresas tecnológicas y de ciberseguridad más avanzadas del planeta, pero una parte importante de ese potencial permanece fuera de las operaciones ofensivas gubernamentales.
Trump quiere utilizarlo.
La nueva política considera al sector privado un recurso insuficientemente aprovechado en la lucha contra organizaciones que operan desde países donde las autoridades locales no pueden o no quieren actuar eficazmente contra ellas.
El resultado podría ser una suerte de «corsarios digitales» del siglo XXI, aunque jurídicamente las compañías permanecerán sujetas al control federal y no podrán elegir libremente a quién atacar.
La comparación histórica resulta inevitable: los antiguos corsarios eran actores privados autorizados por un Estado para actuar contra determinados enemigos. En este caso, las armas serían código, inteligencia y capacidad informática.
¿Está Trump copiando a Rusia y China?
La comparación requiere matices.
Rusia y China llevan años siendo acusadas por gobiernos occidentales de mantener relaciones con grupos privados, contratistas o hackers capaces de desarrollar operaciones alineadas con los intereses estatales.
En el caso chino existe documentación judicial estadounidense particularmente relevante.
El Departamento de Justicia aseguró en 2025 que organismos como el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del Estado de China habían utilizado una extensa red de compañías privadas y contratistas para realizar intrusiones informáticas y robar información, dificultando así determinar directamente la implicación gubernamental.
El modelo de Trump comparte una idea general —aprovechar capacidades privadas para alcanzar objetivos nacionales en el ciberespacio—, pero el mecanismo estadounidense anunciado presenta una diferencia esencial.
Washington está construyendo un marco público de autorización y supervisión federal dirigido específicamente contra organizaciones criminales transnacionales.
Por ello, afirmar simplemente que Estados Unidos está «haciendo exactamente lo mismo que Rusia y China» sería excesivo.
Lo que sí resulta evidente es que Washington está aceptando una lógica que hasta ahora había contemplado con mucha mayor cautela: permitir que actores privados participen en operaciones cibernéticas ofensivas en el extranjero.
El enorme riesgo de atacar al objetivo equivocado
Los expertos llevan años advirtiendo sobre los peligros del hack back.
Internet no funciona como un campo de batalla tradicional donde los dos ejércitos aparecen perfectamente identificados.
Los ciberdelincuentes utilizan VPN, servidores alquilados, máquinas comprometidas, servicios cloud, redes de bots y dispositivos pertenecientes a víctimas inocentes para ocultar sus operaciones.
Esto significa que localizar técnicamente el origen aparente de un ataque no garantiza haber identificado al verdadero responsable.
Un ataque ofensivo mal dirigido podría perjudicar a terceros o desencadenar problemas legales y diplomáticos con otro país.
Ese peligro aumenta cuando las operaciones atraviesan fronteras nacionales y entran en contacto con infraestructuras que pueden estar vinculadas, directa o indirectamente, a gobiernos extranjeros. Expertos consultados sobre el nuevo programa han advertido precisamente de los riesgos de atribución, daños colaterales y escalada.
¿Qué ocurre si detrás de los criminales aparece un Estado?
Este puede convertirse en el problema más delicado.
Diferenciar entre ciberdelincuencia convencional, organizaciones toleradas por un gobierno y operaciones directamente patrocinadas por un Estado no siempre resulta sencillo.
Una organización criminal puede desarrollar ataques para obtener dinero y, simultáneamente, mantener vínculos con organismos de inteligencia.
Si una compañía privada estadounidense golpea una infraestructura que posteriormente resulta estar vinculada a los intereses de una potencia extranjera, las consecuencias podrían superar ampliamente el ámbito de la delincuencia informática.
De ahí que el Gobierno federal pretenda conservar el control sobre la autorización y supervisión de las operaciones.
La externalización aporta velocidad, talento y capacidad tecnológica. Pero también introduce nuevos interrogantes sobre responsabilidad, soberanía y escalada internacional.
Trump apuesta por llevar la batalla al terreno de los atacantes
La decisión encaja con una doctrina más amplia de la Administración Trump: elevar el coste para quienes atacan intereses estadounidenses desde el extranjero.
En lugar de limitarse a instalar mejores defensas, parchear vulnerabilidades y perseguir judicialmente a delincuentes que muchas veces se encuentran fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, Washington quiere disponer de herramientas capaces de interrumpir directamente sus operaciones.
Eso podría significar destruir infraestructura utilizada para lanzar ataques, inutilizar sistemas criminales o impedir que determinadas redes continúen funcionando.
El mensaje político resulta evidente: el territorio digital extranjero dejará de ser necesariamente un refugio seguro para los ciberdelincuentes que atacan Estados Unidos.
Una decisión que puede cambiar las reglas de la ciberguerra
El nuevo programa supone una transformación significativa en la relación entre Estado, empresas privadas y operaciones cibernéticas ofensivas.
Si funciona, Washington podría multiplicar enormemente los recursos disponibles contra organizaciones de ransomware, fraude y extorsión internacional.
Si falla, los errores podrían provocar daños a terceros, litigios, represalias y conflictos diplomáticos.
Trump ha decidido asumir ese riesgo y explotar una de las mayores ventajas estratégicas de Estados Unidos: su gigantesco sector tecnológico privado.
La gran incógnita es si esta colaboración se convertirá en un instrumento quirúrgico contra organizaciones criminales o terminará difuminando todavía más la frontera entre empresas privadas, fuerzas de seguridad y operaciones estatales en el ciberespacio.
Una cosa parece clara: la guerra contra los hackers ya no se limitará a levantar mejores murallas digitales. Estados Unidos quiere empezar a perseguirlos al otro lado de la red.
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