La portavoz de Interior del PP acusa al Gobierno de ignorar avisos previos sobre la crisis fronteriza y exige explicaciones sobre su política hacia Rabat, mientras cuestiona la respuesta de Marlaska y reclama reforzar de forma permanente la frontera.
La crisis de Ceuta abre un nuevo frente político para Pedro Sánchez. La portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez, ha lanzado una durísima ofensiva contra el Ejecutivo y sostiene que existieron avisos previos de los servicios de inteligencia sobre el riesgo en la frontera que, según su versión, no fueron atendidos.
«¿Por qué son siervos de Marruecos? ¿A qué temen?», se pregunta la diputada popular en una entrevista concedida a Libertad Digital, en la que también carga contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y cuestiona la relación mantenida por el Gobierno de Sánchez con Rabat.
La acusación política es especialmente grave. Vázquez llega a preguntarse qué información pudo obtener Marruecos de los teléfonos móviles de miembros del Gobierno y vincula sus sospechas con la política española hacia el país vecino.
No aporta, sin embargo, pruebas que demuestren que Marruecos disponga de información comprometedora con la que condicione las decisiones de Sánchez o de sus ministros. Se trata, por tanto, de una acusación política de la dirigente del PP, no de un hecho acreditado.
Ana Vázquez asegura que Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad
La diputada sostiene que la situación sobre el terreno dista de la imagen de normalización trasladada por el Gobierno.
Según Vázquez, existe preocupación entre vecinos y comerciantes, mientras el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) afronta una enorme presión y la atención de los menores llegados durante la crisis continúa planteando problemas.
La representante del PP también cuestiona que España disponga actualmente de medios suficientes para responder a otro episodio de características semejantes.
Su argumento es que los refuerzos desplegados no solucionan el problema estructural de la frontera.
«Si esto volviese a pasar, se repetiría lo mismo», advierte.
La cuestión resulta especialmente sensible porque Ceuta y Melilla constituyen fronteras exteriores de España y de la Unión Europea, lo que convierte cualquier entrada masiva en un asunto que supera ampliamente el ámbito local.
El PP carga contra las medidas adoptadas en la frontera de Ceuta
Ana Vázquez tampoco considera suficiente el despliegue de nuevas barreras marítimas.
La portavoz popular califica las boyas instaladas en la frontera como una «broma macabra» y considera que no constituyen una solución efectiva frente a una llegada multitudinaria.
A su juicio, las infraestructuras pueden resultar útiles ante pequeños grupos, pero serían insuficientes ante una nueva entrada masiva.
El PP pretende además modificar el marco jurídico para facilitar los rechazos en la frontera marítima.
Vázquez reclama al Gobierno que impulse cambios en la Ley de Extranjería y exige también a Marruecos el cumplimiento de los mecanismos bilaterales existentes para la readmisión.
Los menores llegados a Ceuta abren otro choque entre Gobierno y comunidades
Uno de los asuntos más delicados de la crisis es el de los menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno apuesta por distribuir la responsabilidad de acogida entre las comunidades autónomas, mientras distintas administraciones gobernadas por el PP cuestionan la respuesta planteada desde Madrid.
Vázquez sostiene que el Ejecutivo intenta trasladar ahora a las autonomías las consecuencias de una crisis que, según argumenta, debería haber evitado mediante una política fronteriza más eficaz.
La diputada reclama asimismo que se estudie la devolución a Marruecos de aquellos menores para los que resulte jurídicamente posible, ya sea mediante su reagrupación familiar o mediante los mecanismos de protección correspondientes.
Cualquier retorno de menores, no obstante, debe ajustarse a la legislación española e internacional y realizarse atendiendo individualmente al interés superior del menor.
«¿Qué teme Sánchez de Marruecos?»
Es aquí donde la entrevista adquiere su dimensión política más explosiva.
Vázquez acusa al Ejecutivo de mantener una posición de excesiva dependencia respecto de Rabat y se pregunta públicamente por qué España agradece la colaboración marroquí después de lo sucedido.
«Marruecos se sigue riendo de nosotros», sostiene la parlamentaria.
La dirigente popular va todavía más lejos al recuperar las incógnitas existentes alrededor del espionaje con Pegasus sufrido por miembros del Gobierno español.
Vázquez plantea la posibilidad de que exista una relación entre aquel episodio y posteriores decisiones de política exterior española.
Es importante distinguir nuevamente entre hechos y acusaciones: que los teléfonos de miembros del Gobierno fueran infectados con Pegasus no demuestra que Marruecos estuviera detrás de la operación ni que Rabat utilice información obtenida mediante ese espionaje para condicionar al Ejecutivo español.
La parlamentaria, sin embargo, reclama explicaciones políticas.
El giro de Sánchez sobre el Sáhara vuelve al centro de la polémica
La crisis devuelve inevitablemente al primer plano el controvertido cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental.
En 2022, Pedro Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la opción que el Gobierno español consideraba más seria, realista y creíble para resolver el conflicto.
El giro provocó una fuerte controversia política en España y abrió una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y Rabat.
Desde entonces, la oposición ha reclamado reiteradamente conocer todos los detalles que llevaron al presidente a modificar una cuestión fundamental de la política exterior española.
Vázquez relaciona ahora aquel cambio con lo que define como un «vasallaje» hacia Marruecos.
La acusación forma parte del discurso político del PP y no acredita por sí misma la existencia de presiones ilícitas de Rabat.
Ana Vázquez afirma que hubo avisos de inteligencia antes de la crisis
Otro de los puntos más relevantes de sus declaraciones afecta directamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Frente a la versión gubernamental de que no existieron avisos suficientes que permitieran anticipar la magnitud de los acontecimientos, Vázquez sostiene exactamente lo contrario.
«Hubo avisos de los servicios de inteligencia que se ignoraron», asegura.
La diputada afirma conocer la existencia de informes y previsiones anteriores a los acontecimientos.
De confirmarse documentalmente esta versión, la controversia cambiaría sustancialmente: el debate ya no sería únicamente si España tenía medios suficientes, sino qué sabía el Gobierno, cuándo lo supo y qué decisiones tomó después de recibir esa información.
Por ahora, las declaraciones de Vázquez constituyen la versión de la portavoz parlamentaria del PP y necesitan ser contrastadas con la documentación oficial correspondiente.
El PP señala directamente a Marlaska
La oposición coloca también a Grande-Marlaska en el centro de las responsabilidades políticas.
Vázquez acusa al ministro del Interior de no haber prestado suficiente atención a la evolución de la frontera y defiende el trabajo desarrollado por los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y servicios de inteligencia.
La diputada separa así las responsabilidades operativas de las políticas: sostiene que los profesionales encargados de la seguridad hicieron su trabajo, pero que el Ejecutivo no reaccionó adecuadamente.
El PP reclama ahora conocer los informes disponibles antes de la crisis, las comunicaciones realizadas entre administraciones y las órdenes impartidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Feijóo y el PP elevan la presión sobre Sánchez
La formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo pretende convertir la gestión de Ceuta en uno de los grandes asuntos de fiscalización al Gobierno.
La oposición considera que están en juego tres cuestiones esenciales: la integridad de las fronteras españolas, la política migratoria y la relación estratégica con Marruecos.
Y sobre todas ellas sobrevuela una pregunta políticamente incómoda para Moncloa: hasta qué punto puede España garantizar el control efectivo de Ceuta y Melilla ante una crisis de gran magnitud sin una cooperación activa de las autoridades marroquíes.
Esa dependencia fronteriza concede a la relación con Rabat una importancia extraordinaria.
Precisamente por ello, la cooperación bilateral exige tanto diálogo como reciprocidad, transparencia y defensa inequívoca de los intereses españoles.
El Mundial 2030 entra también en la controversia
Vázquez introduce además otro elemento: el Mundial de Fútbol de 2030, organizado conjuntamente por España, Portugal y Marruecos.
La diputada interpreta la incorporación marroquí al proyecto como otra muestra de la proximidad desarrollada entre ambos gobiernos.
La organización conjunta del Mundial añade una nueva dimensión estratégica a una relación bilateral que ya estaba marcada por inmigración, seguridad, comercio, lucha antiterrorista, pesca, Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental.
Para el PP, el Gobierno debe explicar si sus decisiones respecto a Marruecos responden exclusivamente a los intereses de España.
La pregunta que Moncloa tendrá que responder
Más allá de la contundencia de las declaraciones de Ana Vázquez, existen interrogantes que merecen una respuesta institucional.
¿Recibió el Gobierno informes que advertían de un riesgo extraordinario en Ceuta? ¿Qué información manejaba Interior? ¿Qué medidas preventivas se adoptaron? ¿Qué grado de colaboración prestó Marruecos? ¿Y qué refuerzos permanentes necesita la frontera para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse?
Son preguntas que pueden responderse con documentación, comparecencias parlamentarias y datos oficiales.
Las sospechas sobre supuestas presiones marroquíes requieren pruebas. Pero las dudas sobre cómo se gestionó la crisis de Ceuta y si existieron advertencias previas justifican una explicación política completa.
La relación con Marruecos es demasiado importante para España como para quedar reducida a silencios, acusaciones cruzadas o consignas partidistas. Defender las fronteras y aclarar qué ocurrió en Ceuta debería ser una cuestión de Estado.
La incógnita que plantea ahora el PP es tan sencilla como políticamente explosiva: si realmente hubo avisos previos, ¿por qué no se actuó antes?
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