El juzgado rechaza el recurso del PP contra el acuerdo entre el Concello y Urbaser por la planta de residuos de Nostián. La oposición denunciaba una “condonación” de más de 7,3 millones, pero la magistrada respalda el pacto firmado por el gobierno local.
Lo que parecía un nuevo escándalo sobre la gestión de residuos en Galicia acaba de dar un giro judicial clave. El intento del Partido Popular de tumbar el acuerdo económico entre el Concello de A Coruña y la empresa Urbaser ha fracasado por completo. La Justicia considera legal el pacto por el que la concesionaria de la planta de Nostián abonará 8,3 millones de euros al Ayuntamiento, lejos de los 15,6 millones que inicialmente reclamaba la Administración local.
La resolución supone un importante respaldo para el gobierno municipal y deja al PP en una posición incómoda tras denunciar durante meses una supuesta renuncia irregular de fondos públicos.
La jueza desmonta la tesis del PP sobre una “condonación” ilegal
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña desestimó íntegramente el recurso presentado por el portavoz popular, Miguel Lorenzo, contra el acuerdo alcanzado entre el Concello y Urbaser S.A.U., actual gestora de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.
La magistrada rechaza de forma contundente la idea defendida por el PP de que el Ayuntamiento hubiera “perdonado” deuda a la empresa adjudicataria. Según el auto, no existió ninguna “condonación”, sino una “transacción legítima” homologada judicialmente el pasado año.
La resolución judicial sostiene además que el acuerdo garantizaba recuperar de forma inmediata una parte importante del dinero reclamado y evitaba el riesgo de perderlo todo por posibles interpretaciones jurídicas o problemas de prescripción.
En otras palabras: el juzgado considera que el Concello actuó conforme a derecho al optar por un pacto económico en lugar de mantener un litigio incierto durante años.
El origen del conflicto: una polémica decisión de 2011
El caso tiene su origen en el año 2011, cuando se aprobó un reequilibrio económico favorable a la antigua concesionaria del servicio de basuras, la UTE Albada.
Con el paso de los años, el propio Ayuntamiento acabó considerando aquella decisión perjudicial para los intereses públicos y declaró lesivo el acuerdo, iniciando así una larga batalla administrativa y judicial.
La controversia gira alrededor de los llamados “rechazos” generados en la planta de residuos de Nostián, es decir, el material que no puede ser reciclado o tratado adecuadamente y cuya gestión implica importantes costes económicos.
Inicialmente, el Concello reclamaba 15,6 millones de euros a la empresa gestora. Sin embargo, ambas partes acabaron alcanzando un acuerdo por 8,3 millones, cantidad que el PP consideraba insuficiente y arbitraria.
El PP denunciaba “enriquecimiento injusto” y falta de garantías
En su recurso, Miguel Lorenzo sostenía que el pacto suponía:
- La renuncia a ingresos “irrenunciables” para la Administración.
- La anulación irregular de liquidaciones previas.
- El fraccionamiento de la deuda sin garantías suficientes.
- Un supuesto “enriquecimiento injusto” para la concesionaria.
- Una fijación arbitraria de la cantidad final acordada.
Sin embargo, la jueza rechaza todos esos argumentos y respalda la legalidad del procedimiento seguido por el Ayuntamiento.
Además, el auto impone las costas judiciales al recurrente, lo que supone otro revés político y jurídico para el principal partido de la oposición en A Coruña.
No obstante, todavía cabe recurso de apelación.
Cómo se pagarán los 8,3 millones pactados
El acuerdo homologado judicialmente ya había reflejado que la empresa había abonado previamente 1 075 029,84 euros.
Por tanto, quedaban pendientes otros 7 224 970,16 euros, divididos en dos pagos:
- Una primera mitad debía abonarse inmediatamente tras la homologación judicial.
- La segunda antes de finalizar el año pasado.
El Ayuntamiento defendió desde el principio que este mecanismo permitía asegurar liquidez inmediata y evitar un proceso judicial todavía más largo y costoso.
Nostián, una planta estratégica rodeada de polémica
La resolución llega en un momento especialmente sensible para el futuro de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.
El Concello continúa tramitando el nuevo contrato de gestión de las instalaciones, cuyo concurso salió recientemente a licitación tras resolverse varias alegaciones empresariales.
Las cifras del nuevo contrato evidencian la enorme dimensión económica del servicio:
- 9,4 millones de euros anuales durante los dos primeros años.
- Hasta 13,8 millones anuales durante los siguientes 23 años.
El contrato anterior había vencido en 2020, pero la situación administrativa y las nuevas exigencias medioambientales retrasaron el proceso.
El nuevo modelo busca adaptar la planta a:
- Las nuevas normativas europeas sobre residuos.
- El sistema del quinto contenedor implantado recientemente.
- Nuevas inversiones millonarias en tratamiento y reciclaje.
Un nuevo foco político sobre la gestión pública en Galicia
El caso de Nostián vuelve a abrir el debate sobre la gestión de servicios públicos estratégicos y la relación entre administraciones y grandes concesionarias privadas.
Mientras el gobierno municipal defiende el acuerdo como una solución “pragmática y legal”, desde sectores de la oposición continúan cuestionando si el Concello debió mantener una posición más dura para reclamar la totalidad de la deuda inicialmente calculada.
La sentencia, en cualquier caso, fortalece jurídicamente al ejecutivo local y complica el discurso del PP coruñés en uno de los asuntos económicos más sensibles de los últimos años.
¿Estamos ante una gestión responsable que evitó años de litigios o frente a otro ejemplo de cómo las grandes concesionarias terminan negociando a la baja con las administraciones públicas?
Chollones
Chollones
Chollones