El Ayuntamiento exige explicaciones por la retirada de la Policía Nacional y reclama recuperar la normalidad en la plaza. Francisco Martín sostiene que los agentes no tienen que intervenir mientras no haya disturbios.
Madrid, 28 de septiembre de 2026. La acampada instalada en la Puerta del Sol tras una manifestación por el derecho a la vivienda ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno. El Consistorio acusa al Ejecutivo central de «absoluta negligencia» y «dejación de funciones», mientras que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, defiende que la Policía Nacional no debe intervenir si no se producen altercados.
La protesta comenzó el sábado por la noche, después de una manifestación contra el desahucio de Maricarmen, una mujer que tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante décadas. Los participantes instalaron tiendas de campaña en el centro de la capital para reclamar medidas contra los desahucios y exigir la aprobación del denominado «decreto Maricarmen».
El Ayuntamiento considera que la Delegación del Gobierno permitió que la acampada se consolidara y reclama explicaciones tanto por la falta de intervención policial como por la retirada de los agentes que estaban desplegados en la plaza. La Delegación, por su parte, asegura que no ha recibido ninguna petición oficial de desalojo por parte del Consistorio ni de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento acusa a la Delegación del Gobierno de «dejación de funciones»
El Gobierno municipal expresó el domingo su «sorpresa» e «indignación» por la situación de la Puerta del Sol. En un comunicado, exigió a la Delegación del Gobierno que «reponga cuanto antes» la normalidad en la plaza y que explique por qué no se impidió la instalación de las tiendas.
El Consistorio sostiene que la acampada es consecuencia de la falta de diligencia de la Delegación y del Ministerio del Interior. Incluso plantea la posibilidad de que se permitiera deliberadamente que la protesta se prolongara, aunque no aportó pruebas que acrediten esa hipótesis.
El Ayuntamiento también cuestiona el desarrollo de la manifestación previa. Según su versión, la marcha habría discurrido por zonas que no estaban contempladas en la autorización concedida a los organizadores. A su juicio, la Delegación debía garantizar que la movilización se ajustara a las condiciones autorizadas.
La Administración municipal recuerda además el precedente del 15M de 2011, cuando la Delegación del Gobierno coordinó los desalojos relacionados con las protestas en la Puerta del Sol. El Consistorio utiliza ese antecedente para reclamar una explicación sobre la actuación policial en esta ocasión.
Francisco Martín descarta intervenir mientras no haya disturbios
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido que la Policía Nacional seguirá desarrollando sus funciones, pero ha descartado una intervención mientras la acampada se mantenga sin alteraciones del orden público.
«Mientras no haya disturbios, a la Policía Nacional no le corresponde actuar», afirmó Martín. La Delegación también ha señalado que no tiene constancia de que el Ayuntamiento o el Gobierno regional hayan solicitado oficialmente el desalojo.
La diferencia entre ambas administraciones se centra, por tanto, en la interpretación de sus responsabilidades y en las circunstancias que justificarían una intervención policial. El Ayuntamiento reclama que se recupere la normalidad en la plaza, mientras que la Delegación sostiene que no existe, por el momento, una razón para que la Policía Nacional actúe contra los acampados.
El Consistorio también ha pedido aclarar si la retirada de los agentes desplegados en la zona respondió a una orden directa del delegado del Gobierno. Hasta el momento, las declaraciones recogidas por los medios no permiten establecer públicamente quién ordenó esa retirada.
La protesta comenzó tras el desahucio de Maricarmen
La acampada está vinculada a la movilización convocada en Madrid para denunciar la situación de Maricarmen, una mujer de avanzada edad que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler después de vivir allí durante décadas.
La manifestación del sábado reunió, según los datos difundidos por la Delegación del Gobierno, a unas 25 000 personas. Al terminar la marcha, parte de los asistentes decidió permanecer en la Puerta del Sol e instalar tiendas de campaña.
La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que vinculó la continuidad de la protesta a la aprobación de nuevas medidas en materia de vivienda. Entre sus principales reivindicaciones figura la inclusión de contratos indefinidos en el llamado decreto Maricarmen.
Durante el domingo, la acampada fue creciendo y los participantes organizaron tareas para gestionar la comida, los residuos y las actividades previstas en la plaza. La movilización también incorporó actuaciones musicales y la participación de representantes del ámbito cultural.
El sindicato anunció que los manifestantes tenían intención de permanecer en Sol, al menos, hasta el martes, fecha en la que el Gobierno prevé abordar el decreto de vivienda en el Consejo de Ministros.
La Comunidad de Madrid también carga contra Interior
La polémica no se limita al Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. La Comunidad de Madrid también criticó la actuación del Ministerio del Interior y acusó al Ejecutivo central de permitir la acampada y trasladar a la Policía Municipal la responsabilidad de desalojarla.
Fuentes del Gobierno regional sostuvieron que las competencias correspondían a la Policía Nacional y acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar responsables en lugar de ofrecer soluciones.
Estas declaraciones reflejan el choque institucional en torno a la gestión de la protesta. Sin embargo, las acusaciones de las administraciones autonómica y municipal no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre la legalidad de la acampada ni sobre las responsabilidades de cada cuerpo policial.
El decreto de vivienda, en el centro del conflicto
La protesta de Sol también se desarrolla en medio de las negociaciones del Gobierno sobre nuevas medidas de vivienda. Pedro Sánchez confirmó que el Ejecutivo trabajaba para aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del martes.
Los representantes de Sumar y otros dirigentes de la coalición han presionado para que el texto incluya medidas ambiciosas. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha condicionado la continuidad de la acampada a que el decreto incorpore sus reivindicaciones, entre ellas los contratos indefinidos.
La movilización ha trasladado así el debate sobre la vivienda desde las calles hasta el centro político de Madrid. La acampada busca mantener la presión sobre el Gobierno, mientras que las administraciones madrileñas discuten quién debe actuar ante la ocupación de la plaza.
Una disputa institucional que sigue abierta
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno deja varias cuestiones pendientes: qué condiciones se autorizaron para la manifestación, si la acampada incumple esas condiciones, qué instrucciones recibieron los agentes y si alguna administración ha solicitado formalmente el desalojo.
Por ahora, las posiciones públicas son diferentes. El Ayuntamiento exige recuperar la normalidad y reclama explicaciones, mientras que Francisco Martín descarta intervenir si no se producen disturbios y niega haber recibido una petición oficial de desalojo.
La evolución de la acampada y la decisión del Consejo de Ministros sobre el decreto de vivienda marcarán los próximos pasos de una protesta que ha convertido la Puerta del Sol en el escenario de un nuevo pulso entre administraciones.
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