La gratuidad de las guaguas y el tranvía está garantizada durante 2026, pero la continuidad del descuento del 100 % en 2027 todavía depende de una nueva decisión estatal.
El mensaje que reciben cada día miles de usuarios en Canarias es sencillo: subir a la guagua o al tranvía, validar la tarjeta y viajar sin pagar el abono o título multiviaje. Pero esa situación tiene una fecha clave: 31 de diciembre de 2026.
A partir del 1 de enero de 2027, el escenario cambia.
La normativa estatal vigente ha garantizado expresamente el descuento del 100 % durante 2026, mientras que no existe en la legislación actual una garantía equivalente que prolongue automáticamente esa gratuidad durante todo 2027.
Esto no significa que las guaguas y tranvías vayan a empezar a cobrar automáticamente el 1 de enero. Significa que será necesario aprobar una nueva cobertura legal o financiera si se quiere mantener la tarifa cero en las mismas condiciones.
Canarias tiene garantizada la gratuidad durante 2026
La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, incorporó para 2026 una ayuda destinada a financiar un descuento del 100 % en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, articuló la aplicación concreta de esa ayuda para 2026.
En el caso de Canarias, la cuantía establecida asciende a 120 millones de euros. La norma exige además que la comunidad autónoma mantenga la gratuidad durante todo 2026.
Por tanto, la gratuidad durante 2026 no está en cuestión.
La incertidumbre comienza cuando se intenta responder a una pregunta distinta: ¿qué norma financiará la gratuidad durante 2027?
Los 42 millones de 2027 no significan que la gratuidad esté garantizada ese año
Aquí existe una confusión importante que puede llevar a interpretar mal las cuentas.
El RDL 17/2025 establece que los 120 millones de euros de la ayuda correspondiente a Canarias se distribuyen en dos anualidades:
- 78 millones de euros en 2026.
- 42 millones de euros en 2027.
Pero el propio texto legal vincula esta ayuda al mantenimiento de la gratuidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Por tanto, que haya 42 millones consignados en 2027 no equivale a decir que Canarias tenga garantizada la gratuidad durante 2027.
Se trata de la segunda anualidad de una ayuda vinculada al programa de 2026 y a su financiación y liquidación.
Esta distinción es fundamental para entender por qué el futuro de la tarifa cero vuelve a estar sobre la mesa.
¿Qué puede ocurrir a partir del 1 de enero?
Existen varios escenarios.
1. El Estado prorroga la gratuidad
El escenario más sencillo para los usuarios sería que el Gobierno aprobara antes de finalizar 2026 una nueva norma que ampliase la cobertura del 100 % de los abonos y títulos multiviaje durante 2027.
La fórmula utilizada en ejercicios anteriores ha sido precisamente la aprobación de reales decretos-leyes para mantener las bonificaciones del transporte.
El RDL 17/2025 es el precedente inmediato: aprobó las ayudas para 2026 y estableció expresamente el descuento del 100 % para Canarias.
Pero una nueva prórroga para 2027 todavía no está aprobada.
2. Se mantiene la ayuda, pero cambia su alcance
Otra posibilidad sería que Madrid aprobara una nueva fórmula de financiación que no reprodujera exactamente las condiciones actuales.
Eso podría traducirse en una gratuidad parcial, en una bonificación para determinados colectivos o en un sistema diferente de ayudas al transporte.
En ese caso, Canarias mantendría apoyo estatal, pero los usuarios podrían encontrarse con unas condiciones distintas de las actuales.
3. Canarias asume parte del coste
También existe la posibilidad de que las administraciones canarias tengan que asumir una parte mayor del coste si la financiación estatal no cubre íntegramente la medida.
El propio RDL 17/2025 establece que las comunidades beneficiarias deben financiar con sus propios presupuestos las cantidades que sean necesarias, una vez aplicada la ayuda estatal, para cubrir determinados costes de implementación y financieros.
Eso significa que la continuidad de la tarifa cero no es únicamente una cuestión política: también es una cuestión presupuestaria.
Las elecciones generales complican el calendario
El escenario político añade presión.
El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre, ha disuelto el Congreso y el Senado y ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre.
Eso deja un margen especialmente estrecho entre la constitución de las nuevas Cámaras y la entrada en vigor del nuevo ejercicio.
Ahora bien, hay otra precisión importante: el Gobierno no pasa a estar en funciones simplemente porque se hayan disuelto las Cortes.
La Ley 50/1997 establece que el Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones generales y que, desde ese momento, continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.
Por tanto, el calendario es el siguiente:
- 29 de noviembre: elecciones generales.
- 23 de diciembre: constitución de las nuevas Cortes.
- Posteriormente se inicia el proceso de formación del nuevo Gobierno.
- 1 de enero de 2027: comienza el nuevo ejercicio.
El margen para aprobar una solución antes de enero será, por tanto, muy reducido.
¿Puede un Gobierno en funciones aprobar un real decreto-ley?
La cuestión tampoco es tan sencilla como afirmar que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar ninguna medida.
El artículo 21 de la Ley 50/1997 limita al Gobierno en funciones al despacho ordinario de los asuntos públicos, pero contempla excepciones cuando existan casos de urgencia debidamente acreditados o razones de interés general.
Además, el artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, aunque establece límites materiales y exige su posterior convalidación por el Congreso.
Por ello, una eventual prórroga de la gratuidad mediante real decreto-ley no puede darse por hecha, pero tampoco puede descartarse únicamente porque el Gobierno esté en funciones.
La decisión dependería de la situación concreta, de la justificación de urgencia y de la posterior tramitación parlamentaria.
Canarias ya ha reclamado al Estado por la financiación
El problema no es completamente nuevo.
En mayo de 2026, el Gobierno de Canarias reclamó al Ministerio de Transportes una respuesta urgente sobre el procedimiento de justificación y liquidación de las ayudas destinadas a financiar la gratuidad.
El Ejecutivo autonómico advirtió entonces de que el retraso administrativo ponía en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del 100 % del transporte terrestre colectivo.
En febrero, además, Canarias había remitido al Ministerio la documentación necesaria para garantizar la aplicación de la bonificación del 100 % durante 2026.
Estos antecedentes muestran que la continuidad de la medida no depende únicamente de una declaración política: requiere normativa, financiación, justificación y coordinación entre administraciones.
¿Qué pasaría con las guaguas y los tranvías?
Una eventual desaparición de la ayuda estatal no implica necesariamente que el transporte público deje de funcionar ni que la gratuidad desaparezca de un día para otro.
Lo que estaría en cuestión es la financiación de la bonificación del 100 %.
Si no existiera una nueva ayuda estatal, Canarias y las administraciones responsables del transporte tendrían que decidir si:
- mantienen temporalmente la gratuidad con recursos propios;
- establecen una bonificación inferior;
- concentran las ayudas en determinados colectivos;
- o recuperan tarifas para determinados abonos y títulos.
La decisión tendría consecuencias directas sobre los usuarios habituales.
El coste es la clave del debate
La cuantía económica explica buena parte de la importancia del asunto.
La ayuda estatal prevista para Canarias para el programa de gratuidad de 2026 asciende a 120 millones de euros. De esa cantidad, 78 millones corresponden a 2026 y 42 millones a 2027, dentro del esquema de financiación establecido por el RDL 17/2025.
La cuestión que queda pendiente es qué financiación corresponderá al programa de 2027, si finalmente se mantiene.
Canarias, además, ya ha preparado su marco presupuestario para el próximo ejercicio. El Gobierno autonómico fijó en julio un límite de gasto no financiero de 12 912,7 millones de euros para 2027.
Eso no significa que ese dinero esté reservado para financiar la gratuidad del transporte. Simplemente demuestra que la comunidad está trabajando ya con un escenario presupuestario para el próximo año.
Una medida que Canarias reclama como estructural
La gratuidad del transporte se ha convertido en una de las principales medidas de movilidad del archipiélago.
El reconocimiento del hecho insular aparece expresamente en la legislación estatal que regula estas ayudas. La Ley 19/1994 constituye precisamente una de las bases jurídicas utilizadas para justificar el tratamiento específico de Canarias y Baleares.
El debate de fondo es si una medida que afecta diariamente a miles de desplazamientos debe depender de prórrogas anuales o convertirse en un sistema estable de financiación.
Para Canarias, la cuestión tiene una dimensión añadida: el transporte público conecta territorios insulares donde las alternativas de movilidad no son equivalentes a las existentes en buena parte de la Península.
La fecha clave será el 1 de enero de 2027
A día de hoy, no existe una garantía legal de gratuidad para todo 2027 equivalente a la establecida para 2026.
Eso no permite afirmar que las guaguas y tranvías vayan a dejar de ser gratuitos el 1 de enero. Significa que la continuidad tendrá que apoyarse en una nueva decisión normativa o financiera.
El calendario electoral hace especialmente relevante lo que ocurra entre finales de noviembre y diciembre.
Para los usuarios, la pregunta es muy concreta: ¿seguirá funcionando la tarifa cero cuando llegue enero?
La respuesta dependerá de una decisión que todavía no está aprobada.
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