Óscar Puente descarta que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva del 30 de julio, defiende las relaciones con Rabat y atribuye el endurecimiento de Juan Vivas a la influencia de Feijóo. El Gobierno pide “paciencia” mientras Ceuta reclama soluciones.
Puente señala a Feijóo mientras Ceuta exige respuestas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha salido en defensa de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio, al tiempo que ha dirigido sus críticas hacia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Según las declaraciones de Puente recogidas por Europa Press y publicadas por El Faro de Ceuta, el ministro considera que el endurecimiento del discurso del presidente ceutí, Juan Vivas, está relacionado con la influencia política de Feijóo.
Puente llega a acusar al presidente nacional del PP de tener una “capacidad tremenda de contaminar y contagiar a todo el mundo en su estrategia”.
Una respuesta política especialmente llamativa porque Vivas está reclamando medidas ante un problema que el propio ministro reconoce que “existe”.
La controversia está servida: mientras Ceuta reclama soluciones y fija plazos, desde el Ejecutivo se pide “paciencia” y se pone el foco en la estrategia de la oposición.
El Gobierno descarta la responsabilidad de Marruecos
Puente también ha rechazado la hipótesis de que Marruecos organizara directamente la entrada masiva de inmigrantes registrada el 30 de julio.
Según el ministro, el episodio respondió a una combinación de “múltiples factores”, entre los que cita el empobrecimiento de poblaciones marroquíes próximas a Ceuta y las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las denominadas devoluciones en caliente.
El ministro habla también de un posible “efecto llamada” entre personas que interpretaron que existía una oportunidad para acceder a territorio español.
Puente admite, no obstante, que la situación acabó desbordándose y que durante casi 24 horas no existió capacidad suficiente para contener completamente el flujo.
Ahí aparece una de las cuestiones fundamentales que el Gobierno tendrá que explicar: si existían señales que permitieran anticipar un episodio de estas características y si los medios desplegados inicialmente eran suficientes.
Rabat continúa siendo un “aliado imprescindible”
Pese a la gravedad de los acontecimientos, Puente mantiene la línea del Ejecutivo respecto a Marruecos.
El ministro asegura que las relaciones entre Madrid y Rabat son “excelentes”, considera que la respuesta marroquí está siendo “comprometida con el problema” y vuelve a presentar al país vecino como un “aliado imprescindible” para España.
Esta posición resulta especialmente sensible en Ceuta y Melilla, dos ciudades cuya seguridad fronteriza depende inevitablemente del grado de cooperación existente con Marruecos.
Precisamente por eso la política española hacia Rabat exige transparencia y resultados verificables. Una buena relación diplomática puede ser necesaria, pero no debería impedir al Gobierno exigir responsabilidades o explicaciones cuando los acontecimientos fronterizos comprometen la seguridad de territorio español.
La prioridad de cualquier Ejecutivo debe ser inequívoca: proteger las fronteras españolas y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta.
Puente introduce a Estados Unidos e Israel en la polémica
Las declaraciones del ministro incorporan además otro elemento controvertido.
Puente señala a los gobiernos de Estados Unidos e Israel, encabezados por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, respectivamente, y afirma que ambos estarían “interesados” en que se produjera una situación como la vivida en Ceuta.
También sostiene que habrían aprovechado posteriormente la crisis para atacar políticamente a España.
El ministro cita las críticas realizadas por el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, y las posteriores referencias de Trump a lo sucedido en la ciudad autónoma.
Sin embargo, Puente matiza que no atribuye exclusivamente a gobiernos extranjeros la entrada masiva y vuelve a defender que detrás de los acontecimientos existió una mezcla de factores.
Precisamente por la gravedad que supone sugerir intereses de potencias extranjeras alrededor de una crisis que afecta a la frontera española, sería razonable que cualquier afirmación de este calibre estuviera acompañada de pruebas concretas y explicaciones detalladas.
Una cosa es denunciar que determinados gobiernos hayan utilizado políticamente lo sucedido. Otra muy distinta sería demostrar que tuvieron algún grado de responsabilidad en provocar los acontecimientos.
Vivas da 30 días y amenaza con acudir a la Justicia
Mientras Puente centra parte de sus críticas en Feijóo, Juan Vivas ha elevado considerablemente la presión sobre el Gobierno central.
El presidente de Ceuta ha reclamado recuperar la normalidad en un plazo máximo de 30 días y ha advertido de que podría acudir tanto a la Justicia como a las instituciones europeas.
Puente responde pidiendo paciencia.
El ministro asegura que el Gobierno está poniendo “todos los medios necesarios” y que está haciendo cuanto está en su mano para solucionar la situación.
También recuerda que Pedro Sánchez ha visitado Ceuta tres veces, un argumento utilizado para reivindicar la implicación del presidente.
Pero las visitas institucionales no sustituyen a los resultados. La cuestión central para los ceutíes es si el Estado dispone actualmente de medios policiales, administrativos y diplomáticos suficientes para recuperar la normalidad y evitar otra situación semejante.
¿Es Vivas el problema o está ejerciendo su responsabilidad?
El ataque político contra Feijóo abre además otro debate.
Vivas pertenece al Partido Popular, pero es también presidente de una ciudad española sometida a una presión fronteriza excepcional. Reclamar actuaciones al Gobierno central entra dentro de sus responsabilidades institucionales.
El propio Puente admite que Vivas está en su derecho de “exigir” y reconoce la existencia del problema.
Por ello, atribuir su endurecimiento únicamente a una supuesta contaminación política procedente de Génova corre el riesgo de desviar la discusión del asunto verdaderamente importante: qué está ocurriendo en Ceuta y qué medidas concretas piensa adoptar el Estado.
Los ciudadanos no necesitan una batalla de declaraciones entre Gobierno y oposición. Necesitan saber quién controla la frontera, qué recursos existen y qué ocurrirá si vuelve a producirse una entrada de estas dimensiones.
“Ceuta y Melilla son españolas desde antes de que Marruecos existiera”
En un punto especialmente relevante de sus declaraciones, Puente ha defendido inequívocamente la españolidad de Ceuta y Melilla.
El ministro sostiene que ambas ciudades son españolas “desde antes de que Marruecos existiera como Estado”.
Una afirmación clara que resulta especialmente importante ante cualquier cuestionamiento de la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas.
Puente rechaza, sin embargo, que una política exterior más contundente garantice necesariamente mejores resultados. Para argumentarlo, recuerda que durante el franquismo España perdió territorios africanos.
Frente a esa estrategia, el ministro reivindica el diálogo y la negociación con los países vecinos como herramientas para defender la soberanía nacional.
“Un Gobierno que sabe dialogar, negociar y entenderse con sus vecinos está en mejores condiciones de garantizar la soberanía de su territorio”, sostiene.
Diálogo con Marruecos, sí; dependencia, no
España necesita mantener relaciones diplomáticas estables con Marruecos. La cooperación resulta esencial en materias como inmigración irregular, terrorismo, narcotráfico, comercio y seguridad fronteriza.
Pero cooperación no puede significar dependencia.
Ceuta y Melilla son territorio español, y la capacidad del Estado para garantizar su seguridad no puede quedar condicionada exclusivamente a la voluntad de colaboración de un tercer país.
España necesita capacidad propia para proteger sus fronteras y una política migratoria que combine el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales con control fronterizo efectivo, medios policiales suficientes, expulsiones cuando legalmente correspondan y lucha contra las mafias que explotan las rutas migratorias.
La solidaridad y el respeto a la dignidad humana son perfectamente compatibles con exigir que las fronteras españolas se respeten.
Menos enfrentamiento político y más respuestas para Ceuta
La crisis del 30 de julio debería servir para analizar qué falló y evitar que vuelva a ocurrir.
Si durante casi 24 horas se produjo una presión migratoria capaz de desbordar los recursos disponibles, las instituciones tienen la obligación de estudiar las causas, determinar las deficiencias y reforzar los mecanismos de prevención.
Puente defiende que el Ejecutivo está actuando y pide tiempo para “rematar este asunto”. Vivas, por su parte, considera insuficiente la respuesta y ha colocado sobre la mesa un plazo de 30 días.
La exigencia al Gobierno debe ser clara: explicar qué medidas adicionales se han desplegado, cuántos recursos se han destinado, qué conversaciones se mantienen con Marruecos y qué plan existe para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Porque cuando está en juego la seguridad de una frontera española, convertir a Feijóo, Trump o Netanyahu en protagonistas del debate no puede sustituir las explicaciones que corresponde ofrecer al Ejecutivo.
Ceuta necesita seguridad, control fronterizo y certidumbre. Y los ceutíes tienen derecho a exigirlas sin que sus reclamaciones queden reducidas a una batalla partidista.
La cuestión de fondo permanece: ¿está España preparada para controlar por sus propios medios una nueva crisis fronteriza si vuelve a producirse?
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