Los populares aseguran que las comunidades autónomas no han recibido información sobre el destino ni las condiciones del traslado anunciado por el Ejecutivo, mientras crece el choque político por la gestión de la crisis migratoria.
La decisión del Gobierno de trasladar urgentemente a 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península abre un nuevo frente político con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El PP denuncia que el Ejecutivo ha anunciado públicamente la operación sin informar previamente a los gobiernos regionales que podrían verse afectados.
La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, asegura que a las comunidades gobernadas por su partido «no se les ha trasladado absolutamente nada» sobre el dispositivo.
La polémica se produce en plena crisis migratoria de Ceuta y después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunciara el traslado de las menores sin concretar públicamente todos los detalles relativos a sus destinos.
El PP exige saber dónde serán trasladadas las 500 niñas
El anuncio ha provocado inquietud entre los populares por una cuestión fundamental: qué comunidades recibirán a las menores y bajo qué condiciones se realizará su acogida.
Según denuncia Fúnez, el Ejecutivo no habría comunicado formalmente sus planes a los gobiernos autonómicos del PP.
La dirigente popular también ha reclamado explicaciones sobre las razones que han llevado al Gobierno a considerar urgente la salida de estas menores de Ceuta.
«¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas?», se ha preguntado Fúnez.
La pregunta introduce otro de los asuntos que rodean la crisis: la seguridad y las condiciones en las que permanecen mujeres y menores en la ciudad autónoma.
El PP contrapone esta preocupación con las declaraciones realizadas previamente por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la situación de mujeres y niñas.
Feijóo rechaza que Ceuta se convierta en una vía hacia la Península
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha criticado la falta de información proporcionada por el Ejecutivo tanto a las comunidades autónomas como a la oposición.
Feijóo sostiene que las personas que hayan accedido irregularmente desde Marruecos deben ser retornadas cuando legalmente proceda y ha rechazado que Ceuta termine funcionando como una vía de entrada hacia la Península y el resto de Europa.
En el caso concreto de los menores, cualquier actuación debe ajustarse a la legislación española e internacional de protección de la infancia, que obliga a atender el interés superior del menor y establece procedimientos específicos para determinar posibles retornos, reunificaciones familiares o medidas de protección.
Por tanto, la devolución de menores no puede realizarse automáticamente por su condición migratoria, sino que requiere las garantías y procedimientos correspondientes.
La Conferencia Sectorial del 27 de agosto aumenta su importancia
La polémica llega además pocos días antes de una cita especialmente relevante.
La Conferencia Sectorial de Infancia está prevista para el 27 de agosto, y el reparto y financiación de la atención a menores migrantes volverán previsiblemente a enfrentar al Gobierno central con varias autonomías.
Carmen Fúnez asegura que durante la reunión preparatoria únicamente se planteó incorporar al orden del día una partida de 25 millones de euros destinada a las comunidades autónomas para el reparto de menores.
Según el PP, el traslado específico de las 500 niñas no fue comunicado en esa reunión.
De confirmarse la ausencia de información previa denunciada por los populares, las comunidades podrían afrontar una operación de considerable dimensión sin conocer todavía cuestiones fundamentales relacionadas con destinos, financiación, tutela, alojamiento y recursos asistenciales.
La tutela de las menores, otro punto clave del conflicto
Uno de los aspectos más delicados es precisamente quién asumirá la responsabilidad jurídica y asistencial una vez que las menores abandonen Ceuta.
El conflicto no gira únicamente alrededor de dónde serán alojadas. También afecta a qué Administración ejercerá la tutela, quién financiará la atención y qué recursos deberán movilizarse.
Estas cuestiones resultan especialmente relevantes porque los sistemas autonómicos de protección de menores necesitan plazas residenciales, educadores, asistencia sanitaria, escolarización y mecanismos de integración.
El PP denuncia que decisiones de esta magnitud no deberían ejecutarse sin una coordinación previa con las administraciones territoriales encargadas de prestar buena parte de esos servicios.
Cataluña y País Vasco también rechazan nuevos repartos
El conflicto político no se limita exclusivamente a las comunidades gobernadas por el PP.
Según la información disponible, Cataluña y País Vasco también mantienen sus reservas o rechazo a asumir nuevos menores, lo que complica todavía más cualquier fórmula de distribución territorial.
El Gobierno central ha defendido la necesidad de responder a la situación excepcional generada en Ceuta, mientras distintas administraciones reclaman conocer previamente cuántas personas recibirían, durante cuánto tiempo y con qué financiación.
La cuestión amenaza así con convertirse en otro enfrentamiento entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
PP y Vox coinciden esta vez en rechazar el reparto
La crisis migratoria había provocado anteriormente diferencias entre PP y Vox sobre la respuesta que debían ofrecer las comunidades gobernadas conjuntamente o mediante acuerdos parlamentarios.
En esta ocasión, sin embargo, ambas formaciones coinciden en rechazar el traslado territorial como solución general a la situación creada en Ceuta y reclaman que el Gobierno central asuma la responsabilidad principal.
El PP insiste además en que reclamar el cumplimiento de la legislación migratoria no equivale a rechazar la protección de los menores.
La controversia estará precisamente en determinar qué permite la legislación en cada caso individual y cómo debe compatibilizarse el control migratorio con la protección obligatoria de la infancia.
Ceuta abre otro choque entre Sánchez y las autonomías
El anuncio del traslado de 500 niñas desde Ceuta introduce una nueva dimensión en una crisis que ya ha provocado enfrentamientos sobre seguridad fronteriza, asistencia sanitaria, acogida y responsabilidades políticas.
Para las comunidades autónomas, el problema inmediato es la incertidumbre. Según denuncia el PP, el Gobierno ha anunciado primero la operación y dejado para después las explicaciones a las administraciones potencialmente afectadas.
El Ejecutivo tendrá ahora que concretar los destinos previstos, el sistema de financiación, el régimen de tutela y los criterios utilizados para seleccionar a las menores.
Con la Conferencia Sectorial de Infancia del 27 de agosto en el horizonte, el traslado amenaza con convertirse en uno de los asuntos más conflictivos de la reunión.
La cuestión central ya no es únicamente cómo aliviar la presión que soporta Ceuta. También es quién asumirá la acogida de las 500 menores, con qué recursos y por qué las comunidades afectadas aseguran no haber sido informadas previamente.
Chollones
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