El presidente defiende al ministro del Interior mientras se investigan las intervenciones policiales durante la huelga general. La polémica enfrenta las exigencias de proporcionalidad con las reivindicaciones de seguridad de los agentes.
La intervención de Sánchez se produjo durante una entrevista en el programa de TVE El perro andaluz, después del acto político que había protagonizado en Sevilla. El presidente defendió la necesidad de garantizar simultáneamente el derecho a la huelga y la seguridad de los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo aseguró que no sabía quién había dado la orden de efectuar las cargas. También sostuvo que, si se había producido algún comportamiento desproporcionado, eso no debía empañar el trabajo general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Su respaldo al ministro fue explícito. Sánchez calificó a Marlaska de persona íntegra y dedicada a su trabajo, y llegó a situarlo, junto a Alfredo Pérez Rubalcaba, entre los mejores titulares de Interior de la democracia.
El presidente también recordó las numerosas reprobaciones parlamentarias que ha recibido el ministro por parte de la oposición. Incluso ironizó con que esas reprobaciones le hacían ganar puntos.
La posición de Sánchez deja clara una distinción: el Gobierno respalda políticamente al ministro, pero admite que determinadas actuaciones policiales deben examinarse. La investigación tendrá que determinar si hubo incumplimientos y si los protocolos necesitan modificaciones.
Marlaska ordena investigar las cargas policiales del 11N
La decisión de abrir investigaciones específicas partió del propio Ministerio del Interior. Grande-Marlaska encargó a la Dirección General de la Policía, dirigida por Francisco Pardo Piqueras, que examinara las incidencias registradas durante la huelga general del 11 de noviembre.
Interior explicó que estas actuaciones se desarrollarían con independencia de las inspecciones internas ordinarias que realiza la Policía Nacional para comprobar si sus intervenciones se ajustan a la normativa.
El ministro reconoció públicamente que algunas imágenes de las cargas no parecían compatibles, a primera vista, con los principios de proporcionalidad. Por ese motivo, consideró necesario investigar los hechos antes de extraer conclusiones definitivas.
Marlaska descartó dimitir y afirmó que no tenía motivos para hacerlo. También señaló que las conclusiones de la investigación servirían para adoptar las decisiones correspondientes.
La apertura de una investigación no equivale a declarar culpables a los agentes implicados ni acredita por sí misma que se cometieran abusos. Pero tampoco permite dar por justificadas todas las intervenciones. La cuestión central es determinar qué ocurrió en cada actuación, qué riesgo existía y si la respuesta policial fue necesaria y proporcionada.
Gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma: el foco de la polémica
Uno de los aspectos más controvertidos de la jornada fue el empleo de distintos medios antidisturbios en las intervenciones policiales.
En Madrid se registraron actuaciones con gas lacrimógeno, gas pimienta y pelotas de goma, especialmente al término de la manifestación de la tarde y durante el piquete central del mediodía.
La utilización de estos medios ha generado críticas por parte de manifestantes, sindicatos y profesionales de la información que estuvieron presentes en los incidentes.
La periodista de Radio Nacional de España Graciela García relató que un bote de humo cayó muy cerca de su rostro durante una intervención en la Gran Vía madrileña. La profesional anunció que presentaría una demanda y cuestionó que la Policía cortara una manifestación que, según su testimonio, estaba organizada y era legal.
También se difundieron imágenes de un hombre sin hogar al que, según la información publicada por la Cadena SER, un agente roció con gas pimienta. Fuentes policiales consultadas por esa emisora calificaron en privado esa actuación de impropia y señalaron que podría haber incumplido el protocolo.
Estas circunstancias deberán comprobarse en el marco de las investigaciones. La existencia de imágenes y testimonios permite examinar actuaciones concretas, pero no sustituye la reconstrucción completa de cada intervención ni determina automáticamente responsabilidades individuales.
Interior ordena que no se utilice gas lacrimógeno en próximas manifestaciones
Además de ordenar las investigaciones, Marlaska anunció una decisión inmediata: la Policía dejará de utilizar gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones, según la información trasladada por el Ministerio del Interior.
El ministro explicó que los protocolos se encontraban en proceso de revisión y que debían extraerse conclusiones de lo sucedido.
La medida ha provocado un enfrentamiento con los sindicatos policiales. Las organizaciones profesionales consideran que retirar herramientas de intervención puede limitar la capacidad de respuesta de los agentes ante situaciones de violencia o ataques contra los dispositivos de seguridad.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó de inadmisible que la respuesta de Interior consista en poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención. La organización también planteó qué alternativas tendrán los policías cuando reciban pedradas, agresiones o artefactos incendiarios.
Por su parte, Jupol exigió la dimisión del ministro y criticó tanto la apertura de las investigaciones como la decisión sobre el gas lacrimógeno.
Los sindicatos sostienen que el uso de la fuerza no puede considerarse abusivo de manera automática y reclaman que se tenga en cuenta el contexto de riesgo al que se enfrentan los agentes.
Más de un centenar de detenidos y 1 144 incidencias comunicadas
La dimensión de la jornada también queda reflejada en las cifras oficiales y en los balances difundidos por los distintos organismos.
Según los datos recogidos por la Cadena SER, hasta las 23:00 horas del 11 de noviembre la Policía Nacional y la Guardia Civil habían comunicado 1 144 incidencias y 47 detenciones. Esa cifra no incluía los datos de Cataluña ni del País Vasco.
La Agencia EFE informó posteriormente de que el conjunto de la jornada terminó con más de un centenar de detenidos, contabilizando las actuaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
No se trata de cifras contradictorias: corresponden a balances con diferente ámbito territorial y cobertura de cuerpos policiales. Por tanto, no debe presentarse el dato inicial de 47 detenciones como el balance definitivo de toda España.
La dimensión de los incidentes obliga a analizar dos cuestiones que no son incompatibles: la protección de quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse y la obligación de los agentes de intervenir cuando se producen agresiones, alteraciones graves del orden público o riesgos para terceros.
El debate sobre la proporcionalidad y la seguridad de los agentes
La polémica ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental para cualquier Estado de derecho: cómo garantizar el derecho de manifestación sin dejar desprotegidos a los ciudadanos ni a los propios policías.
El principio de proporcionalidad exige que el uso de la fuerza responda a una necesidad legítima y que los medios empleados guarden relación con la amenaza que se pretende controlar. No basta con que una intervención se produzca durante una protesta para justificar cualquier actuación.
Al mismo tiempo, los agentes tienen la obligación de proteger la seguridad pública y pueden encontrarse ante situaciones de violencia que exijan una respuesta inmediata. Las agresiones, los objetos lanzados contra los dispositivos y los ataques a personas o instalaciones también deben formar parte de cualquier evaluación rigurosa.
Por eso, la investigación no debería limitarse a revisar las imágenes más difundidas en redes sociales. Resulta necesario examinar las órdenes operativas, las circunstancias de cada intervención, los informes de los agentes, las grabaciones disponibles y los posibles partes médicos.
También será importante conocer qué instrucciones recibieron los mandos y qué criterios se aplicaron para decidir cuándo utilizar cada medio antidisturbios.
Una revisión transparente debería aclarar, al menos, cuatro cuestiones:
- Quién ordenó cada intervención y bajo qué circunstancias.
- Si existía una amenaza concreta que justificara el empleo de medios antidisturbios.
- Si los agentes respetaron los protocolos y el principio de proporcionalidad.
- Qué cambios se introducirán y cómo se garantizará la seguridad de los policías y de los manifestantes.
La publicación de conclusiones suficientemente detalladas permitiría evitar que el debate quede reducido a una confrontación política entre quienes defienden a los agentes y quienes denuncian abusos.
La polémica aumenta la presión política sobre Marlaska
Las actuaciones del 11N han provocado críticas dentro del propio espacio político que sostiene al Gobierno. Sumar, ERC y Podemos han reclamado responsabilidades políticas y se han sumado a las voces que cuestionan la continuidad del ministro.
Mientras tanto, Sánchez ha cerrado filas con Marlaska y ha descartado, al menos en sus declaraciones públicas, retirar su confianza al titular de Interior.
El episodio refleja una tensión entre dos posiciones dentro del ámbito gubernamental: quienes consideran imprescindible investigar las cargas y revisar los medios empleados, y quienes advierten de que las restricciones a la Policía pueden dificultar su trabajo ante episodios violentos.
La decisión de Interior de prohibir el gas lacrimógeno, además, ha abierto un debate específico sobre los medios disponibles para controlar concentraciones multitudinarias. Los sindicatos policiales reclaman que cualquier cambio tenga en cuenta las condiciones reales de trabajo de los agentes.
La responsabilidad política de Interior no desaparece por el hecho de que las investigaciones deban determinar responsabilidades individuales. Del mismo modo, el respaldo del presidente no sustituye la obligación de esclarecer los hechos.
La investigación sobre las cargas del 11N será decisiva para conocer si hubo actuaciones desproporcionadas y qué responsabilidades, en su caso, deben asumirse. El resultado deberá servir para proteger tanto los derechos de los ciudadanos como la seguridad de quienes tienen encomendada su protección.
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