Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una organización que utilizaba lanchas de alta velocidad para llevar droga a Argelia y regresar con migrantes hacia las costas españolas. Hay 27 detenidos en prisión provisional.
Un importante operativo policial ha golpeado a una de las mayores estructuras criminales de origen argelino dedicadas al tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo. La investigación atribuye a la organización al menos 64 operaciones migratorias, más de 2 000 personas introducidas irregularmente en España y beneficios superiores a 24 millones de euros.
La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil, desarrollada con la colaboración de Europol y cuerpos policiales de Francia, Portugal y Polonia, se ha saldado con 78 detenidos, 77 en España y uno en Argelia. 27 han ingresado en prisión provisional.
Un negocio criminal de ida y vuelta entre España y Argelia
El funcionamiento de la organización revela el grado de profesionalización alcanzado por algunas redes que operan entre el norte de África y España.
Según la investigación, las embarcaciones rápidas eran aprovechadas en las dos direcciones de la ruta marítima. Desde España transportaban hacia Argelia sustancias estupefacientes, especialmente drogas sintéticas como MDMA. En el viaje de regreso cargaban migrantes con destino a las costas españolas.
Los desembarcos tenían como destino diferentes puntos de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza.
De esta manera, la organización conseguía rentabilizar prácticamente todos los desplazamientos de sus embarcaciones: droga en una dirección y tráfico de personas en la contraria.
Hasta 12 000 euros por migrante
El negocio alcanzaba cifras millonarias.
Los investigadores sostienen que la red podía llegar a exigir 12 000 euros por persona y que algunas embarcaciones transportaban hasta 50 migrantes en un solo trayecto.
La investigación ha podido documentar 64 episodios migratorios relacionados con la organización, mediante los que habrían llegado irregularmente a España más de 2 000 personas.
El beneficio atribuido únicamente a esta actividad supera los 24 millones de euros, a los que habría que añadir el dinero procedente del tráfico de drogas y otras actividades ilegales.
Las cifras muestran la dimensión económica que ha adquirido el tráfico irregular de personas en el Mediterráneo, convertido para determinadas organizaciones criminales en un negocio transnacional altamente profesionalizado.
Una organización extendida por varias comunidades autónomas
La investigación comenzó en 2023 y permitió reconstruir progresivamente una estructura que llevaba años consolidándose.
La red disponía de células organizadas y jerarquizadas asentadas en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, además de conexiones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia.
Los investigadores distinguen tres niveles dentro de la organización.
En la cúspide se encontraba el núcleo encargado de dirigir y financiar las operaciones. Un segundo escalón reunía a pilotos, transportistas y responsables de los medios utilizados. Finalmente, una extensa red de colaboradores se ocupaba de tareas como captación, vigilancia, combustible, logística, gestión financiera o utilización de testaferros.
Entre los arrestados figuran cuatro responsables considerados Objetivos de Alto Valor, además del denominado hawalader, vinculado a la infraestructura económica del entramado.
18 lanchas rápidas valoradas en más de cinco millones
La capacidad logística de la organización constituye otro de los elementos destacados de la investigación.
Los agentes han intervenido 18 embarcaciones de alta velocidad, equipadas con tres o cuatro motores y con esloras que podían alcanzar los 14 metros.
Su valoración conjunta podría superar los cinco millones de euros.
La red contaba además con vehículos, pisos de seguridad, teléfonos satelitales, comunicaciones cifradas, dispositivos GPS, antenas y una infraestructura internacional destinada a mantener las operaciones.
El valor de las embarcaciones era tan elevado que, según los investigadores, la organización estaba dispuesta a recurrir a la violencia para evitar perderlas.
Migrantes hacinados, sin chalecos y hasta atados durante las travesías
Las condiciones en las que viajaban los migrantes reflejan el peligro extremo de estas rutas.
Según la información de la operación, realizaban las travesías hacinados en embarcaciones rápidas, a elevada velocidad y en ocasiones con fuerte oleaje. En numerosos casos viajaban sin chalecos salvavidas.
Los investigadores han detectado incluso situaciones en las que algunos ocupantes eran atados para impedir que cayesen al mar durante la navegación.
Antes de embarcar, parte de los migrantes había recorrido largas distancias por diferentes países africanos hasta llegar a Argelia. Allí podían permanecer en infraviviendas y condiciones de hacinamiento mientras esperaban el momento de iniciar la travesía.
Este escenario vuelve a poner el foco sobre una realidad frecuentemente eclipsada por la batalla política sobre inmigración: detrás de numerosas llegadas irregulares existe una industria criminal que obtiene enormes beneficios explotando a personas dispuestas a arriesgar su vida para alcanzar Europa.
Amenazas, secuestros y contactos con organizaciones criminales europeas
La violencia no estaba limitada a la protección de las embarcaciones.
Los investigadores describen un sistema interno basado en amenazas, intimidación, coacciones y agresiones, tanto contra miembros de la propia estructura como contra migrantes bajo su control.
Durante las pesquisas aparecieron referencias a represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte. Los agentes también detectaron contactos con entornos vinculados a la denominada mocro maffia y al crimen organizado marsellés.
La peligrosidad atribuida al entramado explica la magnitud del dispositivo desplegado en la fase final: más de 180 agentes participaron en la operación.
Drogas, armas, dinero y combustible intervenidos
Las fuerzas de seguridad practicaron 17 registros en inmuebles situados en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante.
Entre el material intervenido figuran 26 675 euros en efectivo, 15 000 pastillas de MDMA, 61 kilos de hachís, 500 gramos de cocaína y 40 gramos de metanfetamina.
También fueron localizados un revólver del calibre 38, munición, un subfusil simulado, cuatro vehículos y 725 litros de gasolina, además de dispositivos de geolocalización y comunicaciones.
Las autoridades han procedido asimismo al bloqueo preventivo de cuentas bancarias, viviendas y vehículos relacionados con varios de los principales investigados.
77 detenidos en España y uno en Argelia
La operación se ha extendido por buena parte del territorio nacional.
Los arrestos se distribuyen entre Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva, Córdoba, A Coruña, Sevilla y Lugo, además de una detención practicada en Argelia.
Los investigados se enfrentan, según cada caso, a posibles delitos relacionados con organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, armas y municiones, contrabando, blanqueo de capitales, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, robos y transporte ilícito de combustible.
El tráfico de personas, una amenaza de seguridad que mueve millones
La operación ofrece una fotografía especialmente reveladora del fenómeno. Las rutas de inmigración irregular pueden integrarse dentro de estructuras criminales que simultanean tráfico de personas, narcotráfico, armas, blanqueo y otras actividades ilícitas.
El caso también demuestra la dimensión internacional del problema. Una organización con presencia en varias comunidades españolas mantenía ramificaciones en distintos países europeos y operaba regularmente entre España y el norte de África.
La desarticulación supone un golpe de gran alcance, pero deja una cuestión de fondo sobre la mesa: mientras las rutas irregulares sigan generando beneficios de millones de euros, las organizaciones criminales tendrán fuertes incentivos para reconstruirlas.
Combatir la inmigración clandestina implica, por tanto, no limitarse al control de las llegadas. También exige perseguir las redes, cortar su financiación, intervenir sus medios marítimos y reforzar la cooperación policial con los países de origen y tránsito.
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