Teresa Peramato dicta instrucciones para actuar ante comunidades que rechacen o retrasen la recepción de menores. Vox sostiene que la solución pasa por su retorno a Marruecos, mientras el PP asegura que cumplirá la legislación.
La crisis migratoria de Ceuta abre ahora un nuevo frente institucional. Después de la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, la Fiscalía General del Estado ha establecido un protocolo para intervenir cuando una comunidad autónoma rechace o dilate la recepción de menores extranjeros no acompañados trasladados desde la ciudad autónoma.
La decisión llega en plena batalla política por el reparto territorial y mientras PP y Vox mantienen posiciones diferentes sobre cómo debe aplicarse la legislación. Vox defiende que los menores deben ser identificados y retornados a Marruecos cuando legalmente proceda, mientras Génova insiste en que sus gobiernos autonómicos cumplirán la normativa vigente.
La Fiscalía fija un protocolo ante el rechazo de las comunidades
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado instrucciones dirigidas a los fiscales encargados de menores para coordinar su actuación durante el proceso de reubicación de los menores llegados a Ceuta.
La Fiscalía sostiene que el objetivo es garantizar su protección y bienestar durante los traslados.
La parte políticamente más sensible de las instrucciones afecta a las comunidades autónomas que se resistan a ejecutar las reubicaciones.
Según la información difundida, cuando una autonomía rechace o muestre reticencias para asumir de manera inmediata la recepción efectiva, el fiscal del territorio de origen deberá comunicarlo al fiscal del lugar de destino.
En esa comunicación deberán incluirse tanto la resolución de reubicación y traslado como las alegaciones presentadas para justificar el rechazo o el retraso.
La Fiscalía General pretende así establecer una cadena de coordinación entre los fiscales de Ceuta y los de las comunidades receptoras.
Ceuta tiene registrados 1 342 menores en su sistema de acogida
La dimensión del problema quedó reflejada este viernes durante la visita a Ceuta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La ministra cifró en 1 342 los menores registrados en el sistema de acogida después de la crisis migratoria de la última semana.
Rego reconoció que la situación es «compleja» y avanzó que el Gobierno espera que en «pocas semanas» comiencen las derivaciones de menores hacia diferentes puntos de la Península.
El Ejecutivo pretende abordar el asunto con las autonomías mediante una comisión sectorial de infancia, prevista para la próxima semana, además de una Conferencia Sectorial de Infancia a finales de agosto.
El debate, por tanto, ya no se limita a la emergencia fronteriza. Se traslada ahora directamente a los gobiernos autonómicos que deberán asumir las reubicaciones.
PP y Vox chocan sobre qué significa «cumplir la ley»
La crisis coloca especialmente bajo presión a los ejecutivos autonómicos compartidos por PP y Vox.
Desde la dirección nacional del Partido Popular, Elías Bendodo ha asegurado que las administraciones gobernadas por su formación cumplirán la legislación.
«Nosotros cumplimos la ley, siempre, nosotros y nuestros gobiernos», afirmó Bendodo.
El dirigente popular recordó que los acuerdos suscritos entre PP y Vox contemplan expresamente el cumplimiento de la legislación en materia de inmigración irregular.
La interpretación de Vox es distinta.
El secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, sostiene que cumplir la ley no implica necesariamente distribuir a los menores entre las comunidades, sino promover su regreso a Marruecos cuando concurran los requisitos legales.
«Devolverlos ya a Marruecos», resumió Figaredo al explicar la posición de su formación.
Vox asegura además que los gobiernos de coalición en los que participa se opondrán al reparto y utilizarán las vías jurídicas disponibles.
Vox promete una batalla judicial contra el reparto
Figaredo ha adelantado que su partido está dispuesto a recurrir a los tribunales para combatir las decisiones del Ejecutivo central que considere contrarias al ordenamiento jurídico.
El dirigente de Vox sostiene que la situación jurídica actual es diferente de la vivida en 2024, cuando el reparto de aproximadamente 400 menores provocó una grave crisis entre PP y Vox y acabó desembocando en la salida de la formación de Santiago Abascal de varios gobiernos autonómicos.
Ahora, Vox argumenta que el mecanismo establecido posteriormente atribuye al Gobierno central un papel mucho mayor en la decisión sobre las reubicaciones.
La cuestión vuelve así a poner a prueba la convivencia entre ambas formaciones.
El retorno a Marruecos, el gran debate de fondo
Más allá del reparto territorial, existe una pregunta que amenaza con dominar el debate político: ¿deben trasladarse los menores por España o estudiarse prioritariamente las posibilidades legales de reunificación familiar y retorno?
España y Marruecos cuentan con instrumentos de cooperación relacionados con menores no acompañados. Sin embargo, un menor extranjero no puede ser expulsado automáticamente por el mero hecho de haber entrado irregularmente en España.
Cualquier eventual retorno exige un procedimiento individualizado y debe respetar el interés superior del menor, sus circunstancias personales y las garantías previstas por la legislación española e internacional.
Precisamente ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la controversia.
Vox reclama priorizar los retornos legalmente posibles frente a un sistema de distribución territorial que, a su juicio, termina consolidando las consecuencias de la inmigración irregular. El Gobierno, por el contrario, centra sus esfuerzos inmediatos en aliviar la presión asistencial sobre Ceuta mediante traslados a otras autonomías.
Una crisis fronteriza que se convierte en crisis territorial
El problema tiene además una dimensión competencial particularmente compleja.
El control de fronteras y la política migratoria corresponden esencialmente al Estado, mientras que las comunidades autónomas ejercen competencias fundamentales en materia de protección y tutela de menores.
Cuando un menor extranjero se encuentra solo en territorio español, ambas dimensiones terminan cruzándose.
La llegada extraordinaria de menores a un territorio pequeño como Ceuta puede desbordar rápidamente su capacidad asistencial. El Gobierno utiliza precisamente ese argumento para justificar mecanismos extraordinarios de redistribución.
Las autonomías críticas responden que Madrid no puede trasladar indefinidamente las consecuencias de una crisis fronteriza sin abordar antes su origen, la cooperación con Marruecos y los retornos que permita la legislación.
La Fiscalía entra en un conflicto de enorme sensibilidad política
La intervención anunciada por la Fiscalía introduce un elemento adicional en una disputa que hasta ahora enfrentaba fundamentalmente al Gobierno central con varias comunidades autónomas.
El Ministerio Público defiende que su actuación responde exclusivamente a su obligación de proteger los derechos de los menores.
Sin embargo, políticamente, las instrucciones llegan en un momento especialmente delicado: algunas autonomías cuestionan el reparto, Vox anuncia resistencia y el Gobierno aumenta la presión para acelerar las acogidas.
La clave estará en qué ocurre cuando se produzca el primer rechazo efectivo a una resolución de traslado y, especialmente, qué margen jurídico tienen las comunidades para recurrir o retrasar su ejecución.
Ceuta vuelve a poner la política migratoria de Sánchez bajo presión
La controversia sobre los menores es solamente una de las consecuencias de una crisis mucho mayor.
El debate afecta a la seguridad fronteriza, las relaciones con Marruecos, la capacidad de acogida, las competencias autonómicas y la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras el Ejecutivo intenta distribuir la presión asistencial entre las comunidades, la oposición exige explicaciones sobre cómo pudo producirse una entrada de semejante magnitud y reclama explorar los mecanismos de retorno existentes.
Y en medio de esa batalla se encuentran los menores, cuya situación exige protección jurídica individualizada, pero también respuestas institucionales capaces de evitar que Ceuta soporte en solitario una emergencia migratoria.
La amenaza de intervención de la Fiscalía eleva todavía más la temperatura. La discusión ya no es únicamente quién acoge a los menores, sino quién tiene la responsabilidad de resolver una crisis que comenzó en la frontera española con Marruecos.
¿Debe priorizarse el reparto entre autonomías o estudiar primero, caso por caso, la reunificación y el retorno a Marruecos cuando resulte legalmente posible?
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