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    Sociedad

    Fiscalía investiga a TikTok por la difusión de abusos sexuales infantiles

    noviembre 12, 2026No hay comentarios15 minutos
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    La denuncia de Maldita.es destapa 1.183 vídeos con 48 millones de visualizaciones y más de 26.000 perfiles sospechosos. La Agencia de Protección de Datos prepara el bloqueo de contenidos ilícitos.

    La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación sobre la posible difusión de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores en TikTok, después de que una investigación periodística documentara miles de publicaciones y decenas de miles de perfiles vinculados presuntamente a este tipo de contenidos.

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    La dimensión de los datos conocidos resulta especialmente preocupante: 1 183 vídeos, 48 millones de visualizaciones y más de 26 000 perfiles de potenciales pederastas identificados durante 35 días de investigación por la Fundación Maldita.es.

    El caso ha provocado la intervención del Gobierno, la Fiscalía y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El Ejecutivo incluso ha planteado la posibilidad de suspender temporalmente los servicios de TikTok en España. Sin embargo, la respuesta administrativa anunciada hasta ahora se centra en bloquear enlaces y contenidos concretos que vulneren la normativa, no en ordenar el cierre general de la red social.

    La investigación abre un debate de enorme trascendencia: ¿están haciendo las grandes plataformas tecnológicas lo suficiente para proteger a los menores o sus mecanismos de moderación llegan demasiado tarde?

    Teresa Peramato encarga la investigación a la Fiscalía de Criminalidad Informática

    La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, firmó el miércoles 11 de noviembre un decreto para designar a Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, como responsable de investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok.

    La decisión se produjo después de que la Fundación Maldita.es presentara una denuncia ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.

    Los representantes de la organización comparecieron el mismo miércoles ante la fiscal coordinadora para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante su investigación.

    El Ministerio Público deberá analizar ahora la documentación y determinar si existen indicios suficientes de delitos relacionados con:

    • La producción de material de abuso sexual infantil.
    • La publicación y difusión de ese material.
    • La comercialización de contenidos de abuso de menores.
    • La recomendación de publicaciones de esta naturaleza a otros usuarios.
    • La emisión en directo de imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas.
    • La posible existencia de redes de usuarios dedicadas a intercambiar o comercializar este material.

    La Fiscalía ha confirmado oficialmente que las pruebas aportadas serán objeto de análisis y valoración.

    Es importante precisar que la apertura de diligencias no equivale a una condena ni acredita automáticamente la responsabilidad penal de TikTok. La investigación deberá determinar qué hechos se produjeron, quiénes participaron y si existió alguna conducta delictiva atribuible a personas físicas o jurídicas.

    Más de 1 183 vídeos y 48 millones de visualizaciones

    El origen de la investigación se encuentra en el trabajo publicado por Maldita.es el 9 de noviembre bajo el título «TikTok, el hogar del pederasta».

    La organización examinó durante 35 días el funcionamiento de la plataforma y detectó 1 183 vídeos con contenido explícito de abuso sexual infantil, que acumulaban aproximadamente 48 millones de visualizaciones.

    La investigación también identificó más de 26 000 perfiles de potenciales pederastas que comentaban, compartían o intercambiaban este tipo de material.

    La cifra es especialmente relevante porque muestra que el problema denunciado no se limita a publicaciones aisladas. Según Maldita.es, los investigadores encontraron comunidades y cuentas que utilizaban la red social para localizar, difundir y comercializar contenidos de explotación sexual infantil.

    Entre los resultados comunicados por la organización también figuran:

    • Más de 26 000 perfiles de potenciales pederastas.
    • Más de 7 000 perfiles que operaban en español.
    • 780 cuentas que utilizaban TikTok para captar compradores de material de abuso sexual infantil.
    • 91 emisiones en directo de menores detectadas en 17 países, en las que usuarios solicitaban determinadas acciones a cambio de dinero.
    • Una comunidad de más de 2 000 miembros interesada en conseguir contenido relacionado con bebés.

    Estas cifras proceden de la investigación periodística y describen perfiles potencialmente vinculados a actividades ilícitas. No significan que todas las personas identificadas hayan sido investigadas policialmente, detenidas o condenadas.

    La distinción es fundamental: un perfil sospechoso no equivale a una identidad verificada ni constituye por sí solo una prueba de culpabilidad.

    No obstante, la magnitud de los hallazgos justifica que las autoridades examinen las pruebas y determinen si existen redes organizadas de explotación sexual infantil que utilizan las plataformas digitales para captar usuarios y distribuir material ilegal.

    La denuncia apunta también al algoritmo de recomendaciones

    Uno de los aspectos más delicados del caso no es únicamente la existencia de publicaciones ilegales, sino la posible intervención de los sistemas de búsqueda y recomendación de TikTok en su difusión.

    La denuncia presentada ante la Fiscalía señala que determinados contenidos podían localizarse mediante las herramientas de búsqueda de la plataforma y que algunos sistemas de recomendación facilitaban el acceso a publicaciones de naturaleza similar.

    Este punto resulta especialmente importante porque TikTok basa buena parte de su funcionamiento en un sistema de recomendaciones que selecciona vídeos en función de las interacciones y preferencias de cada usuario.

    La investigación de Maldita.es sostiene que ese entorno habría permitido localizar contenidos de abuso infantil y conectar perfiles interesados en intercambiarlos.

    La Fiscalía deberá determinar si existieron mecanismos de recomendación que facilitaron la difusión de material ilegal y si la plataforma reaccionó adecuadamente ante las denuncias recibidas.

    No se trata de afirmar que el algoritmo tenga intención propia ni de atribuirle automáticamente responsabilidad penal. La cuestión jurídica consiste en examinar qué mecanismos de detección existían, qué información recibió la compañía y qué medidas adoptó cuando tuvo conocimiento de los contenidos denunciados.

    La responsabilidad de una plataforma no puede determinarse únicamente por la presencia de material ilegal en sus servicios. Pero tampoco puede quedar al margen del análisis si existen indicios de fallos sistemáticos en los mecanismos de prevención, moderación y retirada.

    Maldita.es denuncia que TikTok solo retiró cinco de 50 vídeos comunicados

    Uno de los datos más controvertidos de la investigación se refiere a la respuesta de TikTok ante las denuncias presentadas por los investigadores.

    Según Maldita.es, la organización comunicó a la plataforma 50 vídeos a través de sus canales de denuncia. De ellos, TikTok habría retirado únicamente cinco.

    La Fundación considera que esta respuesta evidencia deficiencias en los procedimientos de moderación y en la capacidad de reacción de la compañía ante contenidos de extrema gravedad.

    Clara Jiménez Cruz, directora ejecutiva de Maldita.es, explicó que la organización entregó a la Fiscalía aproximadamente un terabyte de pruebas recopiladas durante la investigación.

    La responsable de la entidad defendió que el problema no podía solucionarse únicamente mediante retiradas puntuales y reclamó cambios estructurales en los sistemas de protección de la infancia.

    La compañía, por su parte, ha ofrecido una versión distinta sobre las medidas adoptadas.

    TikTok aseguró a RTVE que, tan pronto como conoció las informaciones sobre los vídeos de abuso sexual infantil, tomó medidas para identificar y eliminar los contenidos denunciados. También afirmó que había presentado informes ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) cuando correspondía.

    La empresa sostiene que el contenido sexualmente explícito con menores está categóricamente prohibido en su plataforma y que utiliza tecnologías de detección avanzadas, junto con equipos especializados en seguridad infantil.

    También manifestó su disposición a colaborar con la AEPD y con las autoridades competentes.

    La diferencia entre ambas versiones deberá esclarecerse. La Fiscalía tendrá que examinar las pruebas aportadas por Maldita.es y las actuaciones realizadas por TikTok, incluidas las comunicaciones internas y los procedimientos de retirada.

    El Gobierno plantea suspender TikTok en España

    La reacción del Ejecutivo ha sido contundente. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, remitió el lunes 9 de noviembre un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigara los hechos denunciados.

    El departamento también pidió adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores que pudieran estar afectados.

    Entre las posibilidades planteadas figuraba incluso la paralización de los servicios de TikTok en España, si las autoridades competentes consideraban que era una medida necesaria y proporcionada.

    El martes 10 de noviembre, Sira Rego mantuvo una reunión con representantes de la compañía para exigir explicaciones sobre los contenidos detectados y conocer qué medidas se estaban aplicando.

    La ministra reclamó la retirada de los vídeos denunciados y pidió colaboración con la Fiscalía. También solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos que estudiara la suspensión excepcional de la actividad de la plataforma en España.

    Rego llegó a afirmar que, si dependiera de su ministerio, TikTok estaría suspendida desde el día anterior.

    La iniciativa del Gobierno abrió un debate sobre los límites de la intervención pública en las plataformas digitales. La protección de los menores constituye una obligación prioritaria, pero cualquier restricción general de un servicio debe ajustarse al marco legal y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

    La AEPD anuncia el bloqueo de enlaces concretos, no el cierre general de TikTok

    La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado actuaciones propias después de recibir la comunicación del Ministerio de Juventud e Infancia.

    Su respuesta es más concreta que la petición política de suspender toda la plataforma.

    La AEPD ha solicitado a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según la investigación periodística, podrían estar produciéndose tratamientos ilícitos de datos personales de menores.

    Además, ha requerido a TikTok información detallada sobre las medidas adoptadas para retirar los contenidos denunciados.

    Una vez analizada la documentación, la Agencia ha anunciado que ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y publicaciones concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores.

    El organismo ha insistido en que las medidas deberán ser concretas, proporcionadas y adecuadas, respetando las libertades de expresión e información reconocidas por el ordenamiento jurídico.

    La AEPD también ha explicado que la investigación de posibles delitos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

    Esta precisión es importante: la Agencia de Protección de Datos no ha anunciado el cierre de TikTok en España. Su actuación se centra en los contenidos y enlaces que entren dentro de sus competencias legales.

    Irlanda y Bruselas también pueden intervenir

    El caso tiene una dimensión europea. TikTok ha establecido en Irlanda su principal sede de actividad en la Unión Europea, por lo que la Comisión de Protección de Datos irlandesa desempeña un papel relevante en la supervisión administrativa de la compañía en materia de protección de datos.

    La AEPD ha anunciado que trasladará la información conocida a las autoridades irlandesas y al Comité Europeo de Protección de Datos.

    También remitirá los datos a la Comisión Europea, que dispone de competencias de supervisión en virtud del Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA.

    Esta normativa europea establece obligaciones para las grandes plataformas digitales en cuestiones como la gestión de riesgos, la protección de los menores y la transparencia de sus sistemas.

    El Reglamento de Servicios Digitales obliga a las plataformas de muy gran tamaño a evaluar y mitigar riesgos sistémicos relacionados, entre otros aspectos, con la protección de los menores y la difusión de contenidos ilegales.

    La intervención europea podría resultar relevante si las autoridades concluyen que los problemas detectados no se limitan a determinados enlaces, sino que afectan a los sistemas de funcionamiento y supervisión de la plataforma.

    La cooperación entre España, Irlanda y Bruselas será determinante para establecer qué medidas pueden adoptarse y qué responsabilidades corresponden a cada organismo.

    Pedro Sánchez afirma que «se acabó la impunidad» en las redes sociales

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró públicamente la apertura de la investigación a través de su cuenta en X.

    «Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas», escribió.

    El mensaje sitúa el caso en el centro del debate político sobre la regulación de las grandes tecnológicas.

    El Gobierno ha defendido que la protección de los menores debe prevalecer sobre los intereses comerciales de las plataformas. Sin embargo, el anuncio de medidas contundentes también obliga al Ejecutivo a explicar qué mecanismos de supervisión y protección se habían aplicado hasta ahora.

    La responsabilidad pública no termina con solicitar una investigación. También exige garantizar que los organismos competentes dispongan de recursos suficientes, que las denuncias se tramiten con rapidez y que las víctimas reciban protección y asistencia.

    La oposición también ha mostrado interés por el caso. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió el 10 de noviembre con representantes de Maldita.es para conocer los resultados de su investigación.

    La polémica, por tanto, ha superado el ámbito tecnológico y se ha convertido en un asunto de interés nacional que exige una respuesta institucional coordinada.

    ¿Puede cerrarse TikTok en España?

    La posibilidad de suspender TikTok ha generado dudas sobre el alcance de las competencias de las autoridades españolas.

    La petición del Ministerio de Juventud e Infancia no significa que el Gobierno pueda ordenar unilateralmente el cierre de cualquier plataforma digital. La adopción de medidas de esa naturaleza requiere una base legal y la intervención de las autoridades competentes.

    En este caso, la AEPD ha explicado que sus facultades se encuentran limitadas a supuestos tasados y excepcionales. Por ello, ha optado por una actuación centrada en los enlaces concretos que puedan vulnerar la normativa de protección de datos.

    El cierre general de un servicio sería una medida de alcance mucho mayor y tendría que superar un examen jurídico especialmente exigente.

    La diferencia entre bloquear publicaciones concretas y suspender una plataforma completa es sustancial:

    1. Bloqueo de enlaces: impide acceder a contenidos específicos que vulneren la normativa.
    2. Retirada de publicaciones: obliga a eliminar material ilegal o que infrinja las obligaciones aplicables.
    3. Investigación penal: busca identificar a los responsables de posibles delitos y determinar sus responsabilidades.
    4. Medidas regulatorias europeas: permiten examinar posibles incumplimientos de las obligaciones de las grandes plataformas.
    5. Suspensión del servicio: supondría una restricción general que requiere una justificación jurídica y garantías adicionales.

    Por ahora, la actuación anunciada por la AEPD se concentra en los dos primeros ámbitos, mientras que la Fiscalía investiga los posibles delitos.

    La protección de los menores no puede depender exclusivamente de la moderación privada

    El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta a millones de familias: la seguridad de los menores en internet.

    Las redes sociales han multiplicado las posibilidades de comunicación, entretenimiento y acceso a información, pero también han creado espacios donde pueden actuar personas interesadas en captar menores, intercambiar material ilegal o explotar su vulnerabilidad.

    La moderación de contenidos resulta especialmente compleja cuando las plataformas manejan millones de publicaciones y utilizan sistemas automatizados para detectar material prohibido.

    Sin embargo, la dificultad técnica no elimina la obligación de adoptar medidas eficaces de prevención y respuesta.

    Las familias necesitan herramientas para controlar la exposición de sus hijos a contenidos perjudiciales, pero no pueden cargar por sí solas con toda la responsabilidad. Las plataformas deben ofrecer mecanismos de denuncia accesibles, sistemas de detección eficaces y respuestas rápidas ante las alertas.

    Las autoridades, por su parte, deben investigar los posibles delitos, perseguir a los responsables y evitar que los contenidos ilegales sigan circulando.

    La investigación sobre TikTok plantea precisamente esa exigencia: la seguridad infantil debe estar por encima de la comodidad operativa y de los intereses comerciales de cualquier empresa tecnológica.

    Qué puede ocurrir ahora con la investigación de TikTok

    Los próximos pasos dependerán del análisis de las pruebas entregadas por Maldita.es y de la información que proporcione la propia compañía.

    La Fiscalía deberá determinar si existen indicios de delito y qué personas o entidades podrían tener responsabilidad. Paralelamente, la AEPD analizará los enlaces denunciados y las explicaciones de TikTok para ordenar, cuando corresponda, el bloqueo de los contenidos concretos.

    La cooperación europea también puede ampliar el alcance de las actuaciones, especialmente si se detectan incumplimientos que afecten al funcionamiento general de la plataforma.

    Por ahora, hay tres hechos confirmados:

    • La Fiscalía ha abierto una investigación sobre posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil.
    • Maldita.es ha entregado pruebas y ha ratificado su denuncia ante el Ministerio Público.
    • La AEPD ha iniciado actuaciones para identificar y bloquear enlaces que puedan vulnerar los derechos de los menores.

    Lo que todavía debe esclarecerse es el alcance real de los fallos denunciados, el conocimiento que tenía TikTok de los contenidos, la eficacia de sus medidas de retirada y las posibles responsabilidades penales o administrativas.

    La investigación puede convertirse en un precedente relevante para la supervisión de las grandes plataformas digitales en España y en Europa.

    La pregunta de fondo ya no es únicamente qué vídeos aparecieron en TikTok, sino cómo pudieron permanecer accesibles, quién conocía su existencia y qué mecanismos fallaron para impedir su difusión. La respuesta deberá llegar de las pruebas y de las investigaciones oficiales, no de declaraciones políticas ni de conclusiones anticipadas.

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