La sobreocupación residencial ha aumentado un 73% en una década y afecta ya al 20,5% de quienes viven de alquiler. Canarias, Cataluña y Baleares encabezan las cifras.
La crisis de la vivienda obliga a miles de inquilinos a vivir hacinados
La crisis de acceso a la vivienda en España está dejando una consecuencia cada vez más visible: miles de personas se ven obligadas a compartir espacios insuficientes porque no pueden permitirse una vivienda adecuada. Uno de cada cinco inquilinos que paga un alquiler de mercado vive en un hogar considerado superpoblado, según los datos de Eurostat recogidos en un informe de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El deterioro no es puntual. La tasa general de hacinamiento ha pasado del 5,5% en 2015 al 9,5% en 2025, lo que supone un incremento del 73% en diez años y el máximo de la serie histórica analizada.
La situación es especialmente grave entre quienes dependen del mercado del alquiler. La tasa alcanza el 20,5%, frente al 7,8% de los propietarios que todavía pagan una hipoteca y el 5,6% de quienes ya tienen su vivienda completamente pagada.
Los datos reflejan un problema que afecta directamente a la calidad de vida, la intimidad y la capacidad de formar un hogar independiente. La vivienda se ha convertido para una parte creciente de la población en un gasto que obliga a renunciar no solo al ahorro, sino también al espacio mínimo necesario para vivir con dignidad.
El 20,5% de los inquilinos vive en viviendas superpobladas
El informe de la CGT, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat, muestra una diferencia considerable entre las distintas formas de acceso a la vivienda.
La tasa de hacinamiento en España se distribuye de la siguiente manera:
- Inquilinos de alquiler de mercado: 20,5%.
- Propietarios que todavía pagan una hipoteca: 7,8%.
- Propietarios con la vivienda completamente pagada: 5,6%.
- Conjunto de la población: 9,5%.
La diferencia entre inquilinos y propietarios sin hipoteca es especialmente significativa: la sobreocupación es casi cuatro veces más frecuente entre quienes pagan un alquiler de mercado.
El dato apunta a una realidad económica preocupante. Para muchos trabajadores, el alquiler consume una parte tan elevada de sus ingresos que compartir piso, habitación o vivienda con otras personas deja de ser una elección temporal y se convierte en una necesidad prolongada.
El problema tampoco se limita a las grandes ciudades. Las zonas turísticas y los territorios con una fuerte presión inmobiliaria presentan algunas de las tasas más elevadas.
Canarias, Cataluña y Baleares lideran el hacinamiento
La distribución territorial confirma que el problema tiene una incidencia especialmente elevada en determinados puntos de España.
Canarias encabeza la clasificación autonómica, con una tasa de hacinamiento del 16,3%. Le siguen Cataluña, con el 13,1%, y Baleares, con el 11,4%.
En el extremo contrario aparecen comunidades con porcentajes mucho menores:
- Cantabria: 4%.
- La Rioja: 4,5%.
- País Vasco: 4,7%.
La diferencia entre territorios refleja la desigual presión sobre el mercado residencial. En los lugares donde el alquiler está condicionado por una fuerte demanda turística, una elevada concentración de población o una oferta insuficiente, encontrar una vivienda asequible y con espacio suficiente resulta especialmente complicado.
Canarias y Baleares, además, afrontan una dificultad añadida: buena parte de su actividad económica depende de sectores que necesitan trabajadores desplazados o temporales, pero estos profesionales también deben encontrar un lugar donde vivir.
La situación puede terminar afectando a la contratación, a la movilidad laboral y a la capacidad de las empresas para cubrir determinados puestos.
Los jóvenes y los trabajadores extranjeros, entre los más afectados
El hacinamiento tampoco afecta por igual a todos los grupos de población.
Según el informe de la CGT, el 19,3% de las personas de nacionalidad extranjera vive en hogares superpoblados. Entre la población española, el porcentaje se sitúa en el 6,7%.
La diferencia también es importante por edades. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, la tasa alcanza el 16%, lo que significa que casi una de cada seis personas de ese grupo vive en una vivienda con habitaciones insuficientes.
Las personas con menos recursos económicos también están especialmente expuestas: el 17,9% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza vive en hogares hacinados.
Estos porcentajes reflejan cómo la dificultad para acceder a una vivienda adecuada golpea especialmente a quienes tienen menor capacidad económica para competir por los alquileres disponibles.
Para muchos jóvenes, emanciparse implica compartir piso durante años. Para trabajadores que llegan a España desde otros países, la falta de alternativas puede traducirse en habitaciones compartidas por varias personas. Y para las familias con ingresos reducidos, cambiar de vivienda puede resultar económicamente imposible.
La vivienda se encarece mucho más rápido que los salarios
El informe sindical vincula el aumento del hacinamiento con el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
Según los datos citados por la Cadena SER al recoger el análisis de la CGT, los precios de la vivienda han aumentado un 43% en una década, frente a un incremento salarial del 21%.
La diferencia es relevante porque los ingresos de muchas familias no han evolucionado al mismo ritmo que los costes residenciales. Cuando el alquiler absorbe una proporción creciente del sueldo, quedan menos recursos para acceder a una vivienda más grande o para vivir de manera independiente.
El problema se agrava cuando la oferta disponible no responde a las necesidades de los hogares. La concentración de la demanda en determinadas ciudades, la escasez de viviendas asequibles y la competencia por los pisos mejor situados aumentan la presión sobre quienes buscan alquilar.
El resultado es una cadena de renuncias: compartir vivienda, aceptar habitaciones pequeñas, alejarse del lugar de trabajo o permanecer en un domicilio que ya no responde a las necesidades familiares.
No obstante, el incremento de los precios no debe confundirse con una explicación única del hacinamiento. La evolución demográfica, la composición de los hogares, la disponibilidad de viviendas y las condiciones laborales también influyen en el fenómeno.
Qué se considera una vivienda hacinada
Eurostat utiliza un indicador denominado tasa de hacinamiento o de sobreocupación residencial para medir si una vivienda dispone de habitaciones suficientes para las personas que viven en ella.
No se considera superpoblada únicamente porque haya muchas personas bajo el mismo techo. El cálculo tiene en cuenta la composición del hogar, las relaciones entre sus integrantes, la edad y el sexo de los menores.
Como criterio general, se considera que una vivienda necesita:
- Una habitación para el conjunto del hogar.
- Una habitación para cada pareja.
- Una habitación para cada adulto soltero.
- Una habitación para cada pareja de adolescentes del mismo sexo, entre los 12 y los 17 años.
- Una habitación para cada adolescente de distinto sexo cuando no pueden compartirla.
- Una habitación para cada pareja de niños menores de 12 años, así como espacios separados cuando su edad o sexo lo requieren.
Por tanto, el indicador mide algo más que el tamaño físico de una vivienda: analiza si su distribución permite que las personas dispongan de un espacio razonable según las características del hogar.
Esta definición permite comparar la situación residencial de los distintos países europeos con un criterio estadístico común.
El hacinamiento también afecta a la salud mental y a la convivencia familiar
La falta de espacio no es una cuestión exclusivamente inmobiliaria. Vivir durante años en una vivienda superpoblada puede deteriorar la convivencia, reducir la intimidad y dificultar el descanso, el estudio o el teletrabajo.
El informe de la CGT advierte de que la reducción del espacio disponible puede empeorar el bienestar y contribuir al deterioro de la salud mental.
También puede condicionar decisiones personales y familiares. Algunas parejas tienen dificultades para separarse porque ninguno de sus integrantes puede asumir el coste de otra vivienda. Otras personas permanecen en pisos compartidos durante periodos mucho más largos de lo previsto.
La falta de alternativas residenciales puede provocar, además, desplazamientos hacia municipios más baratos, con la consiguiente pérdida de tiempo en transporte y el alejamiento de redes familiares, sociales y laborales.
En consecuencia, el hacinamiento no solo refleja una dificultad para acceder a una casa. También muestra cómo la crisis residencial puede limitar la autonomía personal.
Empresas y administraciones empiezan a ofrecer alojamiento a sus trabajadores
La presión del mercado inmobiliario está llegando incluso a las políticas de contratación de empresas y administraciones públicas.
Algunos empleadores han comenzado a ofrecer habitaciones o viviendas a sus trabajadores para facilitar la incorporación de personal en territorios donde los alquileres resultan prohibitivos.
El sector hotelero es uno de los ejemplos más claros. Algunas cadenas han empezado a rehabilitar edificios o reservar parte de sus instalaciones para alojar a sus plantillas durante la temporada turística.
En Ibiza, Vibra Hoteles ha tenido que buscar soluciones para alojar a una parte de sus trabajadores en los meses de mayor actividad. La compañía llega a contar con unos 1 500 empleados en temporada alta y necesita alojamiento para alrededor de 400.
En Canarias, Spring Hoteles ha recurrido a la adquisición de estructuras inmobiliarias inacabadas para transformarlas en viviendas destinadas a sus trabajadores.
La dificultad también alcanza a los servicios públicos. En Ibiza se han habilitado habitaciones para profesionales sanitarios, mientras que otros municipios han ofrecido alojamiento a médicos que cubren sustituciones.
La situación revela una paradoja: hay puestos de trabajo que necesitan cubrirse urgentemente, pero las personas dispuestas a ocuparlos no encuentran una vivienda que puedan pagar en el lugar donde deben trabajar.
Una crisis que exige más que medidas puntuales
El informe de la CGT reclama actuaciones para reducir el coste de la vivienda y proteger el poder adquisitivo de los salarios. Su diagnóstico insiste en que el problema no puede abordarse únicamente desde el mercado inmobiliario, porque también está relacionado con la evolución de los ingresos y las condiciones de vida.
Sin embargo, el debate sobre las soluciones continúa abierto. El aumento de la oferta residencial, la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación de inmuebles, la seguridad jurídica del alquiler y la mejora de las infraestructuras de transporte forman parte de las cuestiones centrales.
La política de vivienda también exige evaluar los resultados de las medidas ya aplicadas. Las restricciones de precios, los incentivos fiscales y las ayudas públicas deben analizarse por su impacto real sobre la oferta, los alquileres y la capacidad de acceso de los hogares.
El dato del 20,5% de inquilinos hacinados debería obligar a revisar la eficacia de las políticas de vivienda. No basta con proclamar el derecho a un hogar digno si una parte importante de quienes trabajan y pagan un alquiler no dispone de habitaciones suficientes para vivir con normalidad.
La crisis ya no se mide únicamente en el precio de los pisos o en la dificultad de comprar una casa. También se mide en la cantidad de personas que, pese a tener un techo, carecen del espacio necesario para desarrollar su vida con autonomía y privacidad.
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