Un informe de empresas acreedoras cifra en hasta 10 400 millones de euros la pérdida acumulada de actividad económica desde 2023 por la inseguridad jurídica ligada a los laudos de las renovables.
El largo conflicto entre España y los inversores afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables sigue aumentando su factura.
Un informe técnico elaborado por empresas acreedoras, con datos actualizados hasta junio de 2026, estima que la inseguridad jurídica derivada de los impagos de laudos arbitrales habría reducido la actividad económica española entre 9 123 y 10 383 millones de euros desde 2023.
La cifra se suma a otro problema: la deuda reconocida por distintos laudos internacionales ha aumentado hasta 2 333 millones de euros, mientras que los sobrecostes legales y financieros vinculados a la estrategia judicial del Estado alcanzan ya unos 550 millones de euros.
La deuda por los laudos sube hasta 2 333 millones
La controversia se remonta a la reforma del régimen retributivo de las renovables aprobada durante la pasada década, que modificó las condiciones económicas bajo las que numerosos inversores habían desarrollado sus proyectos.
Diversas compañías recurrieron después a mecanismos de arbitraje internacional amparados en el Tratado de la Carta de la Energía.
Desde entonces, España ha acumulado distintas resoluciones desfavorables.
Según el informe, la deuda asociada a los laudos se situaba en torno a 1 700 millones de euros en enero de 2024.
Dos años y medio después, el importe habría aumentado hasta 2 333 millones, casi un 40 % más.
Los costes legales y financieros también se disparan
El conflicto no se limita a las indemnizaciones.
Los gastos derivados de la defensa jurídica del Estado, los procedimientos de ejecución y el mayor coste financiero asociado al litigio habrían pasado de 250 millones a 550 millones de euros.
También se habría duplicado el número de jurisdicciones en las que existen procedimientos activos de ejecución, pasando de tres a seis.
La prolongación del conflicto está generando así una factura creciente incluso antes de resolver definitivamente los pagos pendientes.
El informe estima hasta 10 400 millones de impacto sobre la economía
Las empresas acreedoras sostienen que el principal daño no está únicamente en los laudos, sino en el efecto que la percepción de inseguridad jurídica puede tener sobre la inversión.
El razonamiento es sencillo: si los inversores perciben más riesgo, exigen una mayor rentabilidad para colocar su capital.
Ese incremento del coste de financiación puede reducir proyectos, encarecer inversiones y frenar el crecimiento.
Para medir ese efecto, el estudio compara la evolución española con la de otros países de la eurozona.
Su conclusión es que la pérdida acumulada de actividad económica entre 2023 y junio de 2026 se situaría entre 9 123 y 10 383 millones de euros.
Se trata, no obstante, de una estimación econométrica elaborada por las empresas afectadas, por lo que debe distinguirse de una cifra oficial del Gobierno o de un organismo independiente.
2023 y 2024 concentran la mayor parte del impacto
Según el documento, los años más perjudicados habrían sido 2023 y 2024.
Ese periodo coincidió con una elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los laudos y la posibilidad de que los acreedores intentaran ejecutar activos españoles en distintas jurisdicciones.
El efecto negativo habría comenzado a moderarse durante 2025 y la primera mitad de 2026.
Sin embargo, el informe sostiene que el diferencial de riesgo no ha desaparecido y que continúa afectando a la inversión.
El conflicto también puede encarecer la financiación del Estado
Las empresas afectadas estiman además que la controversia habría contribuido a elevar el coste de financiación del Tesoro.
Ese efecto se ha cifrado en unos 6 600 millones de euros.
Conviene hacer una precisión importante.
El propio estudio advierte que la pérdida de actividad económica y el sobrecoste del Tesoro no deben sumarse automáticamente como si fueran dos daños completamente independientes.
Ambas cifras intentan medir consecuencias distintas de un mismo fenómeno: por un lado, el mayor coste directo de financiación del Estado y, por otro, el posible impacto del encarecimiento del capital sobre la actividad económica.
El gran problema: la confianza jurídica
Más allá de las cifras concretas, el núcleo del conflicto está en la seguridad jurídica.
La inversión en infraestructuras energéticas requiere grandes cantidades de capital y horizontes de recuperación muy largos.
Por eso, los inversores valoran especialmente la estabilidad regulatoria.
Cuando un país cambia de forma retroactiva las condiciones económicas de una inversión y posteriormente se enfrenta a arbitrajes internacionales, la percepción de riesgo puede aumentar.
Esto no significa que cualquier cambio regulatorio sea ilegítimo.
Los gobiernos tienen derecho a modificar políticas públicas.
El problema aparece cuando esos cambios afectan a inversiones ya realizadas y generan disputas sobre si el nuevo marco vulnera compromisos previos.
Los 2 333 millones pendientes son solo una parte de la controversia
Uno de los argumentos centrales de las empresas acreedoras es que el importe pendiente de pago puede ser menor que el daño indirecto generado por años de litigios.
Los 2 333 millones de euros reconocidos en los laudos representarían menos del 0,15 % del PIB español.
Sin embargo, según el estudio, la pérdida de actividad económica asociada a la inseguridad jurídica podría ser casi cinco veces superior.
Ese es precisamente el argumento que las compañías utilizan para pedir una salida al conflicto.
España afronta una decisión entre seguir litigando o cerrar el problema
El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva.
Puede continuar recurriendo los laudos y defendiendo su posición jurídica en distintas jurisdicciones.
O puede intentar alcanzar acuerdos que permitan reducir la exposición futura a intereses, costes legales y posibles embargos.
La estrategia elegida tendrá impacto no solo presupuestario, sino también reputacional.
España sigue necesitando enormes volúmenes de inversión para cumplir sus objetivos energéticos y desarrollar nuevas infraestructuras renovables.
Por eso, cualquier percepción de inseguridad regulatoria puede tener consecuencias más amplias que el conflicto original.
Una factura que sigue creciendo
El problema de las renovables se ha convertido en un ejemplo de cómo una decisión regulatoria puede prolongar sus efectos durante años.
A día de hoy, según el informe de las empresas acreedoras, la deuda ha aumentado hasta 2 333 millones de euros, los costes legales y financieros rondan los 550 millones y el impacto acumulado sobre la economía podría alcanzar los 10 400 millones de euros.
La cifra exacta puede discutirse.
Lo que resulta difícil de cuestionar es que la prolongación del conflicto está encareciendo la factura y deteriorando la imagen de seguridad jurídica de España ante determinados inversores internacionales.
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