Los populares usarán su mayoría absoluta para censurar a Marlaska, Albares, Robles, Mónica García y Ana Redondo tras su gestión de la crisis migratoria. El partido sostiene que la entrada masiva supuso un «ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España».
La crisis migratoria de Ceuta amenaza con convertirse en uno de los grandes frentes políticos del arranque del curso. El Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria contra cinco miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y deja abierta una segunda vía todavía más contundente: acudir a los tribunales para determinar posibles responsabilidades por lo ocurrido a finales de julio.
La portavoz popular en el Senado, Alicia García, anunció este miércoles 19 de agosto que su grupo registrará la reprobación de Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles, Mónica García y Ana Redondo.
Las iniciativas serán sometidas a votación durante el primer Pleno del Senado de septiembre. Con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, su aprobación está prácticamente garantizada.
La batalla política llega después de que varios ministros no acudieran a las comparecencias solicitadas por el Senado para explicar su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos.
El PP convierte la crisis migratoria de Ceuta en una ofensiva parlamentaria
Los populares sostienen que los acontecimientos registrados a finales de julio no pueden reducirse a una crisis migratoria convencional.
Alicia García los calificó como «un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España» y elevó considerablemente el tono contra el Ejecutivo.
La dirigente del PP considera especialmente grave que, según sostiene su formación, el Gobierno dispusiera de avisos previos y no adoptara las medidas suficientes para impedir la entrada masiva.
Es importante distinguir aquí entre hechos y valoración política: la consideración de lo sucedido como un «ataque» contra la soberanía española es la interpretación defendida por el PP, no una calificación jurídica establecida por una resolución judicial.
La oposición quiere ahora trasladar esa interpretación al Senado y obligar al Ejecutivo a asumir un elevado coste político por la gestión de la frontera.
Marlaska, en el punto de mira por la seguridad de la frontera
El primero de los ministros señalados es Fernando Grande-Marlaska, responsable del Ministerio del Interior.
El PP sostiene que Marlaska «dejó la frontera sin refuerzo pese a los avisos», una acusación especialmente grave teniendo en cuenta que Interior tiene competencias directas sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el control fronterizo.
Los populares consideran insuficiente la actuación del departamento antes y durante los acontecimientos.
La crisis vuelve así a colocar sobre la mesa una cuestión recurrente en Ceuta y Melilla: hasta qué punto España puede confiar en la cooperación marroquí para contener los movimientos migratorios hacia territorio español.
Cuando esa cooperación disminuye o se producen movimientos extraordinarios en la frontera, la presión puede trasladarse rápidamente a las ciudades autónomas.
El PP exige a Albares que explique qué ocurre con Marruecos
La segunda reprobación afectará al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El PP centra sus críticas en la relación diplomática entre España y Marruecos.
Según Alicia García, los españoles siguen sin conocer suficientemente «cuál es el papel de Marruecos, qué se ha negociado y a cambio de qué».
La cuestión marroquí posee una dimensión política especialmente delicada desde el giro adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 respecto al Sáhara Occidental, cuando España respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la opción que consideraba más seria, realista y creíble para resolver el conflicto.
Desde entonces, la oposición ha exigido reiteradamente mayor transparencia sobre las relaciones entre Madrid y Rabat.
La crisis de Ceuta vuelve a alimentar esas dudas y proporciona al PP un nuevo argumento para exigir explicaciones al ministro de Exteriores.
Margarita Robles, reprobada después de aplazar su comparecencia
La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la tercera integrante del Ejecutivo censurada por el Senado.
Robles estaba citada para explicar la situación de Ceuta, pero finalmente solicitó aplazar su comparecencia hasta el periodo ordinario de sesiones.
La ministra justificó su decisión alegando que necesitaba más tiempo para realizar una intervención «precisa y exhaustiva».
El PP rechaza esta explicación.
Alicia García sostiene que Robles inicialmente había mostrado disposición para comparecer y posteriormente habría cambiado de posición. La portavoz popular atribuye ese cambio a una supuesta orden de Pedro Sánchez, algo que constituye una acusación política del PP y que no ha quedado acreditado en la información disponible.
«Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla»
El conflicto va más allá de Ceuta.
El PP pretende convertirlo también en una batalla sobre el control parlamentario del Gobierno.
Marlaska, Albares y Robles habían sido llamados a comparecer en diferentes comisiones del Senado, pero no acudieron en las fechas planteadas.
El Gobierno ha optado por canalizar buena parte de sus explicaciones sobre Ceuta mediante comparecencias en el Congreso de los Diputados.
Para el PP, esa estrategia supone intentar esquivar una Cámara en la que los populares disponen de mayoría absoluta.
Alicia García resumió su posición con una frase destinada a marcar el enfrentamiento político:
«Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla».
La portavoz llegó a acusar a los ministros de «rebeldía democrática» y «desacato parlamentario», expresiones de naturaleza política que elevan considerablemente la confrontación institucional.
Mónica García, señalada por la situación sanitaria de Ceuta
La cuarta reprobación tendrá como protagonista a la ministra de Sanidad, Mónica García.
El PP la responsabiliza del supuesto «colapso» sanitario provocado por la emergencia migratoria y le reprocha su respuesta ante la presión asistencial.
Ceuta tiene una particularidad fundamental respecto a la mayoría de España: la gestión sanitaria depende directamente del Estado mediante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Esto convierte al Ministerio de Sanidad en un actor mucho más directamente implicado que en aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias sanitarias.
Los populares acusan a García de «confundir gestionar la crisis con visitarla».
La ministra se convierte así en otro de los principales objetivos políticos del PP por la respuesta gubernamental ante la emergencia.
Ana Redondo, señalada por las agresiones sexuales
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, completa la lista.
El PP le reprocha no haberse desplazado a Ceuta durante la crisis y vincula sus críticas al aumento denunciado de las agresiones sexuales.
Alicia García aseguró que estas se habrían «multiplicado por ocho» desde el comienzo de la emergencia.
Una acusación de esta naturaleza exige manejar los datos con especial rigor: cualquier incremento porcentual debe contextualizarse con las cifras absolutas, el periodo comparado, las denuncias registradas y su situación policial o judicial. Tampoco resulta legítimo atribuir delitos a colectivos enteros por el origen de presuntos autores individuales.
Eso no impide exigir al Ministerio de Igualdad explicaciones y actuaciones ante cualquier incremento acreditado de delitos sexuales.
El PP acusa a Sánchez de continuar de vacaciones
La ofensiva política alcanza directamente al presidente del Gobierno.
Alicia García ha reprochado a Pedro Sánchez que continúe de vacaciones mientras Ceuta intenta recuperar la normalidad.
La portavoz afirmó que Sánchez sigue «tumbado en la hamaca, de vacaciones» mientras miles de inmigrantes permanecen en la ciudad autónoma.
Más allá de la retórica política, la oposición pretende instalar una cuestión incómoda para Moncloa: si la respuesta política del presidente estuvo a la altura de la gravedad de la crisis.
El PP considera que no.
El Gobierno, por su parte, ha articulado comparecencias de varios ministros para explicar las medidas adoptadas, aunque la disputa se ha trasladado precisamente a dónde y cuándo deben rendirse esas cuentas.
Cinco ministros reprobados, pero sin obligación automática de dimitir
La reprobación parlamentaria tiene un enorme significado político, pero conviene aclarar sus consecuencias.
Que el Senado repruebe a un ministro no implica automáticamente su destitución ni obliga jurídicamente a presentar la dimisión.
La continuidad de los ministros depende políticamente del presidente del Gobierno.
El PP ya ha utilizado esta herramienta durante la legislatura contra distintos miembros del Ejecutivo. Albares, Marlaska y Redondo ya habían sido reprobados anteriormente en el Senado.
También han recibido reprobaciones otros ministros, entre ellos Óscar Puente, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen, Isabel Rodríguez y Ernest Urtasun, este último en comisión.
Por tanto, las nuevas votaciones incrementarán la presión política, pero difícilmente provocarán por sí solas cambios en el Consejo de Ministros.
La amenaza más seria: el PP estudia acudir a los tribunales
Más trascendente podría resultar la segunda parte del anuncio.
El PP no descarta emprender acciones judiciales para esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con lo sucedido en Ceuta.
Alicia García aseguró que, tras la ofensiva política, su formación analizará todos los instrumentos legales disponibles.
La portavoz afirmó que el partido pretende «dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido en Ceuta».
Por ahora, sin embargo, el PP no ha concretado públicamente qué acción judicial presentaría, contra quién estaría dirigida ni qué posibles ilícitos considera que podrían haberse cometido.
Por ello, en este momento debe hablarse de una posibilidad en estudio, no de una querella o denuncia ya formalizada.
Los menores migrantes abren otro frente entre Gobierno y oposición
El enfrentamiento también se extiende al futuro de los menores migrantes que permanecen bajo protección.
El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes a la Península, una medida sobre la que el PP reclama que prevalezca el interés superior del menor.
Alicia García sostiene que la prioridad debería ser la reunificación con sus familias o, cuando proceda legalmente, la intervención de los sistemas de protección de sus países de origen.
Los procedimientos relacionados con menores extranjeros no acompañados, sin embargo, están sujetos a garantías específicas de protección de la infancia, por lo que cualquier retorno debe ajustarse a la legislación aplicable y valorar individualmente el interés superior del menor.
La inmigración vuelve así a convertirse en un punto de enorme fricción política.
Ceuta vuelve a colocar la relación con Marruecos bajo sospecha política
Detrás de la batalla parlamentaria existe una cuestión estratégica mucho mayor.
Ceuta es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea, pero su estabilidad migratoria está inevitablemente condicionada por la cooperación con Marruecos.
Cada episodio de entrada extraordinaria reabre las mismas preguntas: qué mecanismos de prevención existen, qué información manejaba el Gobierno, cuál fue la actuación marroquí y qué capacidad tiene España para responder autónomamente ante una crisis fronteriza.
El PP pretende que esas preguntas persigan al Ejecutivo durante el comienzo del nuevo curso político.
Cinco ministros serán reprobados previsiblemente gracias a la mayoría absoluta popular en el Senado. Pero el verdadero conflicto será determinar si las reprobaciones quedan en una censura política o si la anunciada exploración de acciones judiciales por la crisis migratoria de Ceuta termina materializándose.
La presión sobre Moncloa, en cualquier caso, no terminará con agosto.
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