La batalla entre los accionistas de Plus Ultra y las denuncias por presuntas irregularidades en Venezuela vuelven a poner bajo presión el seguimiento realizado por la SEPI sobre la aerolínea rescatada con dinero público.
El rescate público de Plus Ultra vuelve a situarse en el centro de la polémica. Cinco años después de que el Gobierno autorizara 53 millones de euros para sostener a la aerolínea durante la pandemia, nueva documentación aportada por responsables de la compañía abre interrogantes sobre el control que ejerció la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) después de entregar los fondos.
El asunto resulta especialmente delicado porque la SEPI no se limitó a conceder dinero público.
Los acuerdos vinculados al rescate contemplaban mecanismos de seguimiento de la evolución de la compañía, mientras que investigaciones periodísticas basadas en documentación del expediente han revelado que la comisión encargada de supervisar la operación tardó aproximadamente tres meses en ponerse en funcionamiento.
Ahora aparece un nuevo elemento.
Antiguos y actuales responsables de Plus Ultra han relatado una intensa batalla accionarial protagonizada por empresarios venezolanos y españoles, mientras la propia compañía ha iniciado acciones judiciales en Venezuela contra su antiguo accionista Rodolfo Reyes y Raif El Arigie por presuntas irregularidades.
Las acusaciones todavía deberán ser esclarecidas judicialmente.
Pero plantean una cuestión inevitable: ¿qué conocía la SEPI sobre los conflictos internos de una empresa que había recibido 53 millones de euros de los contribuyentes y qué medidas adoptó para proteger ese dinero?
Plus Ultra recibió 53 millones de euros públicos
El Consejo de Ministros autorizó en marzo de 2021 el rescate de Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La operación alcanzó los 53 millones de euros.
El apoyo se estructuró mediante financiación pública destinada a garantizar la viabilidad de una aerolínea duramente afectada por las restricciones provocadas por la pandemia.
Desde el principio, sin embargo, la decisión provocó una fuerte controversia política.
La consideración de Plus Ultra como empresa estratégica fue cuestionada debido al reducido tamaño de la compañía dentro del mercado aéreo español y a la importante presencia de inversores venezolanos en su capital.
La ayuda terminó convirtiéndose en uno de los rescates empresariales más controvertidos de la pandemia.
La SEPI debía realizar un seguimiento de la compañía
Uno de los puntos centrales de la polémica actual está en determinar qué nivel de vigilancia ejerció realmente la SEPI después de conceder el dinero.
Documentación conocida durante la investigación muestra que existían mecanismos específicos de seguimiento.
Sin embargo, la comisión encargada de supervisar el rescate no habría comenzado a funcionar hasta aproximadamente tres meses después de la concesión de la ayuda.
El caso presenta además una particularidad.
Entre los primeros rescates concedidos por este fondo, Plus Ultra no contó con representantes de la SEPI dentro de su consejo de administración.
Eso no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad.
Pero sí alimenta las preguntas sobre el grado de control ejercido sobre una empresa que acababa de recibir 53 millones de euros procedentes del Estado.
La UDEF detectó graves deficiencias en la documentación de la SEPI
Las dudas sobre el seguimiento aumentaron durante la investigación judicial.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comunicó al juez José Luis Calama que la documentación inicialmente entregada por la SEPI presentaba importantes deficiencias.
Los investigadores encontraron carpetas vacías, archivos que no podían abrirse y documentación que no correspondía completamente con lo solicitado.
Especialmente llamativa resultó la ausencia inicial de determinados correos electrónicos.
La SEPI había entregado comunicaciones correspondientes a 2025, pese a que la ayuda pública se había negociado y aprobado entre 2020 y 2021.
El juez terminó requiriendo expresamente los correos de esos años para reconstruir las comunicaciones producidas durante la fase de concesión del rescate.
Este episodio constituye uno de los elementos objetivos más relevantes de la investigación.
Julio Martínez Sola empieza a aportar su versión
En este contexto aparece el testimonio de Julio Martínez Sola, uno de los fundadores de Plus Ultra y posteriormente presidente de la aerolínea.
Martínez Sola fundó la compañía en 2011 junto con Fernando González Enfedaque.
Años después, la empresa buscó nuevo capital para ampliar sus operaciones.
Según la versión aportada por su defensa, a finales de 2016 Plus Ultra inició la búsqueda de nuevos inversores para desarrollar un plan de crecimiento.
Fue entonces cuando comenzaron a ganar peso varios empresarios venezolanos.
Entre ellos aparecen Camilo Ibrahim y Rodolfo José Reyes Rojas.
Los inversores venezolanos entraron con fuerza en Plus Ultra
La estructura accionarial comenzó a cambiar durante 2017.
Plus Ultra llevó a cabo dos ampliaciones de capital, en enero y septiembre de aquel año.
Como consecuencia de esas operaciones, Fernando González Enfedaque perdió el control de la compañía.
Según la documentación aportada por la defensa de Martínez Sola, Rodolfo Reyes pasó a convertirse en el principal accionista a través de Snip Aviation.
Reyes adquirió así una posición de enorme influencia dentro de la aerolínea.
Posteriormente, Snip Aviation continuó incrementando su participación.
La defensa de Martínez Sola sostiene que Reyes llegó a controlar aproximadamente un 64 % y ejerció un poder determinante en la compañía como representante del accionista principal, miembro del consejo y director general entre 2017 y 2021.
Precisamente en 2021 se produjo el rescate público.
Rodolfo Reyes estaba en el centro del accionariado cuando llegó el rescate
Este elemento resulta especialmente importante para comprender la controversia.
Cuando el Gobierno aprobó los 53 millones de euros, Plus Ultra tenía una estructura accionarial donde los inversores venezolanos desempeñaban un papel fundamental.
Ese hecho era conocido públicamente.
La discusión consiste ahora en determinar si la SEPI realizó todas las comprobaciones necesarias sobre los accionistas, las relaciones económicas de la empresa y su evolución posterior.
La investigación judicial deberá establecer si hubo algo más que decisiones administrativas discutibles.
La existencia de una investigación no equivale a una condena ni demuestra por sí misma la comisión de delitos.
La salida de Reyes abre otra batalla dentro de Plus Ultra
Los problemas no terminaron después del rescate.
En noviembre de 2024 comenzaron negociaciones para que Snip Aviation, vinculada a Rodolfo Reyes y Aurora López, abandonara el accionariado.
Según la versión aportada por Martínez Sola, la permanencia de Reyes estaba dificultando la entrada de nuevos inversores.
Las conversaciones desembocaron en un acuerdo alcanzado en mayo de 2025.
La operación terminó ejecutándose meses después.
Sky Solutions adquirió las participaciones de Snip Aviation y Fly Spain, modificando nuevamente la estructura de propiedad de la aerolínea.
Pero el conflicto estaba lejos de terminar.
Plus Ultra denuncia presuntas irregularidades en Venezuela
Después de la salida de Reyes surgió el elemento más delicado.
Responsables de Plus Ultra aseguran haber detectado presuntas irregularidades desarrolladas en Venezuela relacionadas con Rodolfo Reyes y Raif El Arigie.
La compañía decidió emprender acciones penales ante la jurisdicción venezolana.
Las actuaciones siguen, según la información disponible, en tramitación.
Por tanto, debe hablarse de acusaciones o presuntas irregularidades, no de hechos delictivos probados.
La aerolínea habría activado además cláusulas contractuales que permiten retener determinadas cantidades vinculadas con la compraventa de las acciones mientras se resuelve el conflicto.
La batalla empresarial ha terminado así trasladándose a los tribunales.
La gran pregunta: ¿qué sabía la SEPI?
Este conflicto vuelve a colocar a la SEPI en una posición incómoda.
El Estado había invertido 53 millones de euros en Plus Ultra.
Por tanto, tenía un evidente interés económico en conocer la evolución financiera y societaria de la compañía.
La cuestión relevante no es afirmar sin pruebas que la SEPI conocía previamente las supuestas irregularidades.
Lo relevante es determinar qué información recibió, cuándo la recibió y cómo reaccionó.
Especialmente porque los problemas accionariales afectaban a personas que habían ejercido una enorme influencia sobre la empresa beneficiaria del rescate.
La Audiencia Nacional dispone ahora de una oportunidad para reconstruir esa cronología.
María Jesús Montero vuelve al centro de la polémica política
El caso afecta políticamente a María Jesús Montero porque la SEPI se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, existe una distinción fundamental entre responsabilidad política y responsabilidad penal.
La adscripción ministerial de la SEPI no significa automáticamente que Montero participara personalmente en cada decisión adoptada por el organismo ni que conociera cada incidencia societaria de Plus Ultra.
Lo que sí resulta legítimo preguntar es si Hacienda y la SEPI diseñaron mecanismos suficientes para vigilar una inversión pública de 53 millones.
La oposición lleva años reclamando explicaciones sobre esa cuestión.
Y las nuevas revelaciones vuelven a proporcionar munición política.
La Audiencia Nacional investiga el rescate
La controversia ha dejado de ser exclusivamente política.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra.
Entre las personas investigadas aparece el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presunta intervención en las gestiones relacionadas con la ayuda está siendo examinada judicialmente.
También están bajo investigación diferentes responsables y personas vinculadas con la aerolínea.
El juez ha citado para septiembre a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, después de que ambos aportaran escritos relacionados con las gestiones que precedieron al rescate.
Será la investigación la que determine si las sospechas tienen relevancia penal.
Los correos de 2020 y 2021 pueden ser fundamentales
Uno de los principales objetivos de los investigadores consiste en reconstruir las comunicaciones mantenidas durante la tramitación del rescate.
Por eso resultan tan relevantes los correos electrónicos de 2020 y 2021.
Es precisamente durante ese periodo cuando se preparó y finalmente aprobó la ayuda.
La UDEF dejó constancia de que inicialmente no había recibido toda esa información.
El juez ordenó posteriormente a la SEPI entregar las comunicaciones correspondientes.
Los correos pueden ayudar a establecer:
- Quién participó en las negociaciones.
- Qué argumentos se utilizaron para justificar el carácter estratégico de Plus Ultra.
- Qué contactos existieron durante la tramitación.
- Qué información poseía la Administración sobre los accionistas.
- Qué condiciones se establecieron para supervisar posteriormente el dinero.
- Y qué grado de seguimiento se realizó una vez concedidos los 53 millones.
Bruselas no declaró ilegal el rescate
Existe también un dato que debe incorporarse para ofrecer el contexto completo.
La Comisión Europea ha defendido que la ayuda de 53 millones podía concederse dentro del marco europeo de ayudas públicas aplicado durante la pandemia y que, por su cuantía, no necesitaba una autorización individual previa de Bruselas.
Eso significa que la investigación actual no debe confundirse con una declaración europea de ilegalidad del rescate.
Son cuestiones diferentes.
Una cosa es si la ayuda podía encajar jurídicamente dentro del marco europeo.
Otra, completamente distinta, es determinar cómo se gestionó el expediente, quién intervino, qué información se manejó y si existieron conductas penalmente relevantes.
Precisamente esas últimas cuestiones son las que están siendo examinadas.
53 millones públicos que siguen generando preguntas cinco años después
El caso Plus Ultra continúa creciendo porque reúne varios elementos políticamente explosivos.
Dinero público.
Una compañía pequeña considerada estratégica.
Empresarios venezolanos.
La SEPI.
Altos cargos y responsables políticos.
Y una investigación judicial que intenta reconstruir qué ocurrió antes y después de la concesión de los fondos.
Ahora se añade la batalla entre los propios accionistas y las acciones judiciales emprendidas en Venezuela por supuestas irregularidades.
Nada de ello permite anticipar el resultado del procedimiento.
Pero sí refuerza una pregunta que el Estado debería poder responder con absoluta precisión:
¿cómo protegió los 53 millones de euros que los españoles habían colocado en Plus Ultra?
El control posterior al rescate queda bajo la lupa
El principal problema político para la SEPI ya no reside únicamente en explicar por qué Plus Ultra fue considerada estratégica en 2021.
También debe aclararse cómo fue supervisada posteriormente.
La tardanza en activar la comisión de seguimiento, las deficiencias documentales denunciadas por la UDEF y las posteriores disputas entre los accionistas justifican un examen especialmente riguroso.
La existencia de acciones penales en Venezuela contra antiguos accionistas añade otra capa al caso.
Pero conviene mantener una frontera clara.
Las irregularidades denunciadas por Plus Ultra todavía son acusaciones pendientes de resolución judicial.
Y tampoco está probado, con la información pública disponible, que María Jesús Montero conociera personalmente esas denuncias y decidiera ignorarlas.
Lo que sí está acreditado es que el Estado comprometió 53 millones de euros en la compañía y que existía un sistema de seguimiento cuya ejecución está siendo examinada con lupa.
Plus Ultra vuelve a convertirse en un problema para el Gobierno
Cinco años después del rescate, el expediente continúa lejos de cerrarse.
La investigación de la Audiencia Nacional, las diligencias de la UDEF, los correos reclamados a la SEPI y ahora las acusaciones cruzadas entre antiguos accionistas mantienen vivo un caso que parecía destinado a convertirse simplemente en otra polémica de la pandemia.
No ha ocurrido.
Plus Ultra continúa bajo investigación y el destino, control y circunstancias de aquellos 53 millones siguen generando preguntas.
La responsabilidad penal, si existe, deberá determinarla un tribunal.
La responsabilidad política es otra cuestión.
Porque cuando una Administración decide arriesgar 53 millones de euros de dinero público, la exigencia no termina cuando realiza la transferencia.
Empieza también la obligación de vigilar qué ocurre después.
Y es precisamente ese control el que vuelve ahora a estar bajo sospecha.
¿Supervisó realmente la SEPI con suficiente rigor una compañía rescatada con 53 millones de todos los españoles?
Chollones
Chollones
Chollones