La Comunidad de Madrid respalda que Ceuta reciba 25 millones de euros, pero rechaza el reparto de menores inmigrantes entre autonomías y reclama estudiar su reagrupación familiar caso por caso.
La gestión de la crisis migratoria de Ceuta abre un nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid. La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, ha calificado de «profundamente inhumana» la política del Ejecutivo con los menores inmigrantes y ha rechazado que la solución pase por distribuirlos automáticamente entre las comunidades autónomas.
Madrid sí respalda que Ceuta reciba financiación extraordinaria para afrontar una situación que está tensionando sus servicios públicos, pero plantea una condición política clara: investigar individualmente las circunstancias de cada menor y, cuando legalmente corresponda y resulte compatible con su interés superior, estudiar su reagrupación familiar.
Madrid apoya los 25 millones para Ceuta, pero rechaza el reparto
La polémica llega ante la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para el 27 de agosto, en la que se abordará un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta destinado a la atención de menores migrantes no acompañados.
Dávila-Ponce de León ha asegurado que la Comunidad de Madrid respalda económicamente a Ceuta ante la presión que soporta.
Según la consejera, la ciudad autónoma está afrontando gastos relacionados con vacunas, alimentación y productos de primera necesidad, mientras mantiene bajo presión su capacidad asistencial.
Sin embargo, el Ejecutivo madrileño rechaza que esos menores sean trasladados mediante un reparto entre territorios.
«No vamos a aceptar ningún reparto de estos menores», afirmó la consejera, que defendió como alternativas la reagrupación con sus familias o, cuando proceda conforme a la legislación y las garantías de protección del menor, su incorporación al sistema de protección de Marruecos.
La Comunidad de Madrid exige estudiar cada caso
La posición madrileña pasa por determinar primero cuál es la situación familiar real de cada joven.
Dávila-Ponce de León reclamó al Gobierno central que averigüe si los menores tienen familiares en Marruecos o en territorio de la Unión Europea y que cada expediente sea estudiado individualmente.
Este punto resulta especialmente relevante porque la legislación de protección de menores exige que cualquier decisión administrativa se adopte atendiendo al interés superior del menor, por lo que una eventual reagrupación no puede ejecutarse de manera automática.
Madrid sostiene, no obstante, que el Gobierno debe utilizar todos los instrumentos legales disponibles para localizar a las familias y determinar si existe una posibilidad segura de reunificación.
Dávila acusa al Gobierno de mantener un «sistema perverso»
La consejera elevó considerablemente el tono político contra el Ejecutivo de Sánchez.
Dávila calificó de «totalmente perverso» el sistema migratorio actual y acusó al Gobierno central de trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una política que, a su juicio, carece de planificación suficiente.
«Las comunidades autónomas no podemos seguir atendiendo una política migratoria inexistente», sostuvo.
La dirigente madrileña relacionó además la presión migratoria irregular con la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, aunque las circunstancias concretas de cada menor deben determinarse individualmente y no pueden presumirse de forma general.
La controversia vuelve así a plantear una cuestión de fondo: quién debe asumir el coste político, económico y asistencial de una crisis migratoria cuya gestión fronteriza corresponde fundamentalmente al Estado, pero cuyas consecuencias terminan repercutiendo en los sistemas autonómicos de protección de menores.
Ceuta, en el centro de una creciente batalla política
La posición de Madrid llega en plena tensión política por los acontecimientos registrados recientemente en Ceuta.
La ciudad autónoma reclama recursos y soluciones ante una situación extraordinaria que ha elevado la presión sobre los servicios públicos y ha reabierto el debate sobre la capacidad española para gestionar episodios de llegada masiva de inmigrantes.
La Comunidad de Madrid sostiene que Ceuta no puede afrontar sola esa presión, pero tampoco acepta que la respuesta consista simplemente en trasladar menores a otras regiones.
Para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la prioridad debe ser determinar el origen y las circunstancias familiares de los jóvenes y utilizar, cuando sea legalmente posible, los mecanismos de reagrupación familiar.
Madrid señala directamente al Gobierno de Sánchez
Dávila ha responsabilizado directamente al Ejecutivo central de la situación y le ha exigido actuar utilizando sus competencias en inmigración y política exterior.
«Es profundamente inhumano lo que está haciendo el Gobierno de España», afirmó la consejera.
Madrid sostiene que mantener durante largos periodos a menores separados de sus familias tampoco debería considerarse una solución satisfactoria cuando existe la posibilidad legal, segura y acreditada de una reunificación.
La Administración autonómica defiende asimismo que Marruecos dispone de un sistema propio de protección de menores y reclama que la cooperación bilateral contemple esta cuestión.
Sin embargo, cualquier retorno de menores extranjeros está sometido a garantías jurídicas específicas y debe analizarse individualmente, atendiendo tanto a la existencia de familiares como a las condiciones de protección que encontraría el menor en destino.
La crisis de Ceuta vuelve a enfrentar a Moncloa y las autonomías
El debate trasciende ya la financiación extraordinaria de 25 millones de euros.
La cuestión fundamental es qué estrategia seguirá España ante los menores extranjeros que llegan irregularmente y qué responsabilidad corresponde al Gobierno central, las comunidades autónomas y los países de origen.
Madrid rechaza que el reparto territorial se convierta en la respuesta estructural a cada nueva crisis fronteriza y exige a Moncloa una política basada en control migratorio, cooperación con los países de origen y reagrupación familiar cuando resulte jurídicamente viable.
La próxima Conferencia Sectorial volverá a enfrentar dos modelos claramente distintos.
Por un lado, el Ejecutivo central deberá defender su mecanismo de respuesta y financiación. Por otro, comunidades como Madrid reclamarán que la solución no consista en redistribuir indefinidamente las consecuencias de la presión migratoria.
La crisis migratoria de Ceuta se convierte así no solo en un desafío fronterizo y humanitario, sino también en una nueva batalla institucional sobre las competencias del Estado y la capacidad de España para responder ante episodios migratorios extraordinarios.
Chollones
Chollones
Chollones